El Almacén Temporal Centralizado (ATC) al que aspira la localidad extremeña de Albalá --junto a una decena de municipios del resto del país-- no será únicamente un silo donde se gestionarán durante los próximos 60 años los residuos radiactivos de alta intensidad generados en España desde la puesta en marcha de la primera central nuclear --la planta de José Cabrera, en Guadalajara, clausurada en el 2006--. El proyecto también contempla otro tipo de instalaciones y recursos anexos para convertir a la planta española en un referente internacional en el tratamiento de este tipo de sustancias.
El ATC ocupará una superficie de 13 hectáreas, sobre las que se levantará un edificio para la recepción del combustible irradiado, otro para el procesamiento --en esta fase el combustible se introduciría en cápsulas aislantes--, módulos de almacenamiento, una nave para bultos con sustancias menos radiactivas y un inmueble de servicios y sistemas auxiliares. Pero a esta superficie se suman otras siete hectáreas para un centro tecnológico que desarrollará la empresa pública Enresa, encargada de la gestión de este tipo de residuos en España.
"El objetivo es asegurar la disponibilidad de las tecnologías y conocimiento necesarios para la gestión final del combustible gastado", explican desde el Comité Interministerial para el emplazamiento del almacén nuclear. Este centro tecnológico incluye laboratorios de combustible, química avanzada, radiactividad, medio ambiente y materiales industriales. Tardará en construirse cinco años y necesitará una inversión próxima a 50 millones de euros.
La tercera parte del proyecto es un parque empresarial. En este caso, Enresa y el Gobierno pretenden desarrollar una plataforma logística con la infraestructura necesaria para que se asienten empresas colaboradoras. Para ello se habilitará un vivero de empresas --que será gestionado por el ayuntamiento y que también podrá acoger negocios locales--. Las previsiones oficiales no ofrecen un cálculo concreto sobre cuántas empresas podrán tener espacio en estas instalaciones, aunque si prevé que sean actividades económicas relacionadas con los sectores de la construcción, la obra civil, el montaje e instalación de equipos, fábricas, el transporte, servicios técnicos y de suministro, e incluso negocios del ámbito de la hostelería.
"De este modo, el emplazamiento se erigirá en un auténtico foco de generación de conocimientos y tecnologías sobre las vías de gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos", insisten en la comisión interministerial. En total los costes previstos para el proyecto y la construcción completa de la instalación son de unos 540 millones de euros, aunque la inversión total en la zona podría llegar a los 700. Este aspecto, el económico --junto al empleo (se calcula que se crearán entre 300 y 500 en los primeros años)--, es el gran atractivo que el proyecto ofrece a los ayuntamientos.
