Una situación de competencia desleal, que vulnera la igualdad y que quebranta la libertad de elección de los padres. Esos fueron los argumentos con los que la patronal de escuelas privadas de la Comunidad Valenciana llevó a los tribunales al Gobierno autonómico por la escolarización gratuita desde los dos años. La demanda de plazas durante esta etapa educativa era asumida por las guarderías, que tras la decisión de la Conselleria de Educación de ampliar la oferta pública, vieron peligrar su negocio. Y decidieron actuar.

Pero el modelo valenciano ha seguido adelante porque la justicia no dio la razón a los demandantes. Es más, las vacantes para dos años se han ido multiplicado. El argumento de la Generalitat es: «La educación es un servicio público esencial, sin que la existencia de acciones privadas en el sector pueda excluir el papel de la Administración». De este modo, Valencia es una de las comunidades que tienen en marcha esta iniciativa a la que ahora se va a sumar Extremadura.

La primera en ponerlo en práctica en España fue Cantabria, con un proyecto pionero que nació en 2004, incluso antes que el Gobierno de Zapatero lanzara el Plan Educa3 que contemplaba esta medida de adelantar el inicio de la escuela pública.

HASTA SIETE HORAS, COMEDOR.. / El programa que tienen en marcha es muy similar al extremeño (18 alumnos, dos técnicos de Educación Infantil por cada grupo, aulas adaptadas con camas y aseos). Lo mínimo que debe estar el niño en clase son dos horas, de 10.00 a 12.00, aunque el tiempo se puede ampliar hasta siete horas, con opción de servicio de comedor y desayunos, como el resto de los estudiantes. Además, el centro está obligado a ofrecer un espacio propio de patio de recreo, o al menos no compartido, y adaptado a sus necesidades.

El modelo cántabro está muy consolidado y llega prácticamente al 90% de los menores de dos años. Al igual que ocurre en el País Vasco, la segunda comunidad más avanzada en este aspecto. De hecho, en esta región el departamento de Educación ha puesto coto a las aulas de 2 años en la concertada para evitar la segregación y sí favorecer una distribución equilibrada con respecto a la red pública.

Tanto en Cantabria como en el País Vasco el sector de las guarderías privadas se ha visto afectado (se calcula que ha perdido en torno a un tercio de su clientela) pero en ningún momento se ha producido un demanda ni el asunto ha acabado en los tribunales como sí ocurrió en la Comunidad Valenciana.

Aragón, una región que sufre un problema demográfico similar al extremeño, con un índice de natalidad bajo, fue la siguiente en apuntarse a esta iniciativa. Lo hizo hace dos cursos y ahora mismo son ocho centros los que ofertan estas aulas más otros seis nuevos que se incorporarán este 2018/2019, tal y como ya ha confirmado el Gobierno autonómico.

IMPACTO POSITIVO / Desde esta comunidad destacan que desarrollar este proyecto ha tenido un impacto muy beneficioso para los colegios donde se ha implantado, puesto que ha permitido que suba la demanda y, de este modo, se ha garantizado un aula completa de 1º de Infantil (3 años) en el curso posterior.

La ventaja para las familias es que, una vez adjudicada la plaza de 2 años, la vacante se respeta para la escolarización en el segundo ciclo de Educación Infantil.

Y otra comunidad que ha barajado varias veces la posibilidad de aplicar este modelo es Asturias (otra más que sufre la sangría poblacional). Desde Educación lo han lanzado varias veces pero no ha terminado de desarrollarse. El plan preveía llevar a concejos donde no existen escuelas de 0 a 3 años un proyecto experimental que fuera gratuito para las familias.