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Como el objetivo es lograr la convergencia, las acciones se encaminan a financiar multitud de proyectos que pueden favorecer esta meta. Por ello, sería interminable enumerar la lista de actuaciones. Sin embargo, sí pueden citarse algunas de las más relevantes. Para Extremadura, y en el capítulo de infraestructuras, los FEDER han financiado la conversión en autovía de las carreteras N-V y N-630, y servirán también para hacer la de Trujillo-Cáceres. En cuanto a los fondos de cohesión, se aplicaron, por ejemplo, a la mejora del abastecimiento en la comarca de Azuaga (15 millones de euros), obras de saneamiento y depuración en toda la región (11 millones), o financiación del programa de gestión de residuos sólidos urbanos (24 millones de euros).

Pero, como se advertía al inicio de este apartado, las acciones van mucho más allá de las inversiones llamativas por el volumen de recursos empleados. De este modo, y repasando la evaluación del anterior POI extremeño, el que abarcó el periodo 94/99, se puede tener una idea más ajustada de la incidencia de los fondos.

Así, en el capítulo de infraestructuras del transporte, y al margen de los grandes ejes, se acondicionaron 361 kilómetros de carreteras secundarias. En telecomunicaciones, los fondos sirvieron para instalar casi 160.000 líneas telefónicas y unos 800 kilómetros de fibra óptica. En el apartado industrial se crearon 2.400 empleos, y 820.000 metros cuadrados de suelo industrial.

Por lo que se refiere a políticas relacionadas con el agua, las inversiones permitieron abastecer de agua potable a 245.000 extremeños, mientras que las actuaciones en mejoras de la distribución energética beneficiaron a 300.000 hogares. Sanidad, con obras en centros de salud y hospitales, y educación con creación de colegios, institutos y nuevas titulaciones en la Uex, también se vieron favorecidas.

D

En este momento hay una batalla en el seno de la UE para dilucidar ese futuro. El bloque de los países pobres, en el que figura España, y que está apoyado por la Comisión Europea, pide que el presupuesto comunitario para ayudas pase del 1% al 1,24% del PIB conjunto de la UE. Así podrían darse las ayudas que tienen que recibir los diez nuevos países, sin que el resto se resienta en exceso.

Para España, esto permitiría que regiones como Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia, que, por efecto estadístico --al entrar países más pobres, la renta media de la UE baja, y esas regiones, sin haber crecido económicamente en realidad, superan el 75% de renta y quedan fuera del Objetivo 1-- se quedarían sin nada, tengan un periodo transitorio en el que las ayudas irían mermando poco a poco, en vez de retirarlas de golpe.

Este mismo criterio (merma paulatina de ayudas y no eliminación) se aplicaría a España como país en el caso de los fondos de cohesión, ya que, también por efecto estadístico, queda privada de dichos fondos, al superar el 90% de la renta media europea. Otra alternativa para los fondos de cohesión, planteada por España, es que no se apliquen a países, sino a regiones. Así, las regiones españolas que tengan menos del 90% de renta sobre la media de la UE --todas excepto Madrid, Cataluña y Navarra-- tendrían fondos de cohesión.

El otro bloque, el de los ricos, encabezado por Alemania, pretende que el nivel de gasto en ayudas se mantenga en el 1%. Esto supondría, en el caso español, que las regiones afectadas por el efecto estadístico se quedasen sin ayudas, y que España como país perdiese los fondos de cohesión.

En cualquiera de los dos supuestos, Extremadura se mantiene como Objetivo 1, es decir, con derecho preferente a recibir fondos estructurales. Quedaría por determinar qué volumen de ayudas tendría la región, y sobre esto hay opiniones y estimaciones dispares.

Lo que sí afectaría negativamente a Extremadura sería que España perdiese los fondos de cohesión. Aunque no es la región que más se beneficia de ellos, lo cierto es que por esta vía llegan inversiones que oscilan entre los 40 y los 70 millones de euros anuales.