Pendiente de unos informes periciales de la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra el caso que hace algo más de dos años se ´destapó´ en Cáceres con una gran similitud al de Casas de Don Pedro.
Fue el 6 de octubre del 2005 cuando, por un presunto caso de corrupción en el proceso de legalización de inmigrantes, se detenía en Cáceres a dos empresarios y un funcionario de los servicios generales de la Subdelegación del Gobierno, a este por ser, presuntamente, el autor de las compulsas de expedientes irregulares. --El reconoció entonces que compulsó algunos documentos sin mirar los originales y sin tener autorización, pero negó haber cobrado por ello--.
Ya en enero pasado, tras 15 meses de investigación, desde la Fiscalía del TSJEx se indicó a este diario que finalmente, y de no surgir nuevas pruebas, son cuatro las personas que prevé imputar por este presunto caso de corrupción, en el que además se contará con 62 testigos.
Ayer, el fiscal-jefe de Extremadura, Aurelio Blanco, reconoció a EL PERIODICO que la instrucción sigue abierta "y no podremos cerrarla hasta no recibir el informe pericial de firmas, una prueba fundamental en este caso". Es por ello, añadió, que "hemos solicitado al subdelegado que pida a Madrid su agilización", algo que el propio Fernando Solís confirmó también ayer que "ya lo hemos solicitado".
Una vez recibidas estas pruebas podrá cerrarse la instrucción y calificar los hechos, últimos pasos antes del juicio.
GOLPE EN ACEUCHAL Más reciente es el caso de Aceuchal, donde el pasado mes de junio la Guardia Civil detuvo a un empresario de 37 años, P. P. R., por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores al haber contratado a de forma irregular a 52 rumanos, tres ellos menores de 16 años, para labores de manufacturación de ajos.
En su empresa, según la denuncia, dichos trabajadores realizaban jornadas laborales de once horas y cobraban algo más de un euro por caja de ajos cortados". El detenido, tras declarar ante el juez, quedó en libertad.
