Cerca de 2.000 extremeños continúan pendientes de que se resuelvan judicialmente los últimos escándalos financieros para poder recuperar el dinero que en su día invirtieron en empresas como Gescartera o Eurobank, así como para librarse de los temibles créditos encubiertos de las academias de inglés. Y es que a lo largo de los últimos dos años en España se han producido grandes pufos que han cambiado la vida a cientos de personas en la región, que han perdido cerca de 60 millones de euros en este tiempo.

Primero fue Gescartera, el ya mítico chiringuito financiero de Antonio Camacho que aún hoy continúa siendo investigado por los juzgados después de que desaparecieran 108 millones de euros que todavía no han aparecido. En esta ocasión sólo tres inversores de la región presentaron denuncias formales contra la entidad y pudieron recuperar hasta 20.000 euros de lo invertido, aunque el caso terminó salpicando de lleno a Extremadura.

HERNANDEZ SITO Y RAMALLO

Y es que una de las empresas afectadas fue Cetarsa, la tabaquera pública dirigida por el y exdiputado del PP Isidoro Hernández Sito. En concreto, Cetarsa perdió 900.000 euros en la estafa. Además, el PSOE acusó también al notario emeritense Luis Ramallo, exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y expresidente preautonómico de la Junta, de estar estrechamente vinculado con el caso, pero recientemente los tribunales le han absuelto.

Poco después EL PERIODICO EXTREMADURA desvelaba que Dinámica Directiva, un chiringuito financiero denunciado en varias ocasiones por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estaba captando inversores en la región para posteriormente desviar esos fondos a empresas de Bahamas sin que en la mayoría de los casos pudiesen recuperarse. Sin embargo, nunca se supo a cuánto ascendió la estafa en la comunidad autónoma ni si los afectados llevaron finalmente el caso a los tribunales.

En el verano y el otoño del 2002 llegó la crisis de las grandes academias de idiomas, especialmente Opening y Wall Street. Primero fue Opening, con sede en Badajoz, la que cerró su oficina sin previo aviso y dejó en la calle a 500 alumnos. La cosa iba más allá, porque estas personas habían abierto, la mayoría sin saberlo, un crédito bancario personal a través de la propia matrícula de la academia.

En ocasiones, como también avanzó este diario, Opening llegó incluso a falsificar datos personales de los alumnos para facilitar la concesión de estos créditos. El problema, que los bancos seguían reclamando sus mensualidades pese al cese de las clases.

La desconfianza que generó en la opinión pública este tipo de empresas fue tal que pocos meses después la crisis arrastró a la otra gran central de idiomas con franquicias en la comunidad, Wall Street Institute. Usó el mismo sistema de despedida a la francesa con un total de 500 alumnos abandonados --300 en Badajoz y 200 en Cáceres-- que volvían a sufrir el efecto de los denominados créditos encubiertos.

La mayoría de los afectados se agruparon para presentar denuncias colectivas a través de distintas asociaciones. Además, ya ha habido algunas sentencias en los juzgados de Badajoz que vinculan de forma clara y directa los créditos con el servicio que se presta, de forma que si se interrumpen las clases por cualquier motivo no hay que seguir pagando el crédito

El último caso --y también el más grave-- ha sido el de Eurobank, una entidad catalana que operaba especialmente por internet prometiendo grandes rentabilidades y que de la noche a la mañana ha quebrado y se ha quedado sin fondos para devolver el dinero a sus clientes. Más de 650 extremeños habían confiado en torno a 56 millones de euros a este banco y ahora deberán esperar las indemnizaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, que sólo cubrirán los primeros 20.000 euros depositados por los ahorradores.