El exdirigente agrario Luis Cortés utilizó su cargo como líder de Coag Extremadura para estafar a los 250 agricultores afectados por el caso del higo seco en la provincia de Badajoz. El auto --al que ha tenido acceso EL PERIODICO-- del titular del Juzgado de Jerez de los Caballeros, que lleva este asunto, argumenta el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Cortés por considerar que existen indicios racionales de que ha cometido otros cinco delitos (falsificación en documento público, apropiación indebida, delitos societarios, coacciones y fraude a subvenciones de la Comunidad Europea). Además, el juez entiende que existe riesgo de fuga y que con la prisión evita la posibilidad de que el exdirigente agrario oculte, altere o destruya pruebas relevantes.

De la investigación judicial se deriva que Cortés empleó el engaño para poder utilizar la producción de higos de los agricultores estafados como vía para acceder a las posibles ayudas comunitarias. Según el auto judicial antes mencionado, el exlíder agrario coaccionaba y obligaba a los agricultores a entregar sus producciones a una sociedad (Cooperativa Iniciativa Rural, de la que era presidente), además de exigir una "ilegal aportación voluntaria vía bancaria" que servía para justificar un pago ficticio necesario para el cobro de las subvenciones oficiales.

Estas ayudas se canalizaban a través de la sociedad que actuaba como organismo almacenador de los higos, es decir, la cooperativa. El juez reconoce que existen múltiples documentos públicos, oficiales y mercantiles en los que constan firmas falsificadas --realizadas entre otros por Luis Cortés-- a nombre de otras personas, para así poder adquirir la condición de organismo almacenador.

Este asunto va ligado al supuesto fraude a las subvenciones de la Comunidad Europea. El juez alude en el auto a falsificación de documentos y firmas, manipulación de fechas o contratos ficticios de arrendamiento para cumplimentar los requisitos exigidos por las instituciones comunitarias para adquirir la condición de organismo almacenador y así obtener las ayudas.

En relación con esta sociedad, de la investigación judicial se deriva que se celebraban supuestas reuniones y asambleas incumpliendo requisitos sobre citación de socios, manipulación, alteración y falseamiento de la contabilidad real de la cooperativa. De igual manera, se responsabiliza a Cortés de apropiación y distracción de importantes cantidades de dinero recibidas para sufragar las ventas de los productores, quienes aún no han cobrado. Por todos estos delitos, la pena prevista podría llegar a superar los 15 años de prisión.

JUSTIFICADA Tanto el fiscal como la abogada de la acusación particular --representa a 13 de los agricultores afectados-- consideran adecuada la medida de prisión provisional adoptada por el juez para Luis Cortés.

El fiscal, que había solicitado esta medida cautelar "por estimarla necesaria en base a los índicios claros de criminalidad que existen", consideró ayer para este diario que el auto de prisión "está plenamente justificado y es proporcionado".

Por su parte, María de los Angeles Jiménez, abogada de la acusación particular, lo calificó de "brillante y muy bien fundamentado", por lo que se mostró confiada en que la Audiencia Provincial de Badajoz, ante la cual lo ha recurrido la defensa de Luis Cortés, no lo revoque.

La decisión de la Audiencia se conocerá en un plazo máximo de 30 días, que es el que la ley establece para resolver este tipo de recursos, pero la abogada de la acusación estima que se mantendrá la medida cautelar de prisión, "pues las causas por las que se ha decretado, que están magníficamente argumentadas --insistió-- son lo suficientemente graves como para que así sea".

Por su parte el fiscal, sin querer entrar en hacer estimaciones sobre qué se decidirá, tan sólo advirtió que por su parte se ha solicitado la prisión provisional para Luis Cortés "por la posible obstaculización a la continuación de la instrucción, pero una vez que ésta acabe y si no hay riesgo de fuga ni se pueden destruir pruebas, no habría problema en que esta persona pudiera quedar en libertad con una fianza, algo que habrá que valorar en función de como se vaya desarrollando la instrucción".