El director general de Urbanismo, Víctor Zarco, achacó directamente a los ayuntamientos los desajustes en el desarrollo de los planes urbanísticos, ya que, a su juicio, se muestran reacios a aplicar las posibilidades de la ley, cuando no retrasan injustificadamente los trámites, como en el caso de Mérida.

Respecto a la primera cuestión, Zarco apuntó que la norma extremeña permite a los municipios actuar en los suelos urbanos si no lo hace el propietario, asumiendo la urbanización y luego cobrándola en metálico o en solares. De este modo, se evita que queden bolsas de terreno sin urbanizar, que podrían servir al dueño como inversión refugio, aun a costa del interés general, y el ayuntamiento se hace, si se cobra en solares, con suelo para viviendas públicas.

El director general aseguró también que en ocasiones, en las tres capitales, se detecta que se potencia a determinados promotores en perjuicio de otros, y se preguntó por qué en Cáceres y Badajoz, con planes a punto de revisarse o en revisión, pero sin que se hayan determinado todavía las parcelas que serán urbanas, se está dando una avalancha de compraventas e inscripciones registrales de fincas.

Esa concepción economicista del suelo y la vivienda provocaría situaciones, según Zarco, en las que mientras pequeños municipios, con menos necesidad de viviendas a precio tasado, sobre todo para rentas medias y medias-bajas, los ayuntamientos están interviniendo, en las ciudades no sólo no se actúe por propia iniciativa para facilitar la puesta en marcha de planes como el de casas a 60.000 euros, sino que se estén poniendo trabas para la ejecución de lo previsto por la Junta.