El futuro sistema de financiación autonómica debería aportar a la región 1.600 millones de euros adicionales para corregir el "déficit" financiero que arrastra Extremadura y que le ha impedido equiparar sus servicios de educación y sanidad con la media del Estado. Esa es la principal conclusión de un estudio realizado por la Universidad de Extremadura (Uex), en el que se constatan importantes diferencias en el grado de accesibilidad de los españoles a los servicios básicos fundamentales por el simple hecho de residir en un territorio u otro.
Este informe es la respuesta de Extremadura a la publicación de las balanzas fiscales y su utilización para intentar condicionar el reparto de fondos en el sistema de financiación autonómica que está negociando el Gobierno con los Ejecutivos autonómicos. "Viene a terciar en un debate que nunca debió comenzar, pero que, una vez abierto, ya no puede eludirse: el que tiende a situar a unas comunidades autónomas como ganadoras o perdedoras del sistema de transferencias establecido para hacer realidad el principio de igualdad de todos los españoles consagrado por la Constitución", explica Angel Franco, Consejero de Administración Pública y Hacienda.
El estudio, realizado por los profesores de la Uex Juan Morillo, Luis Murillo, Marcelino Sánchez y Juan Vega, analiza los recursos sanitarios y educativos disponibles en cada autonomía en función de su población, de su dispersión geográfica o de la inversión por habitante. Pero sobre todo se centra en las diferencias de accesibilidad a estos servicios que sufren, en este caso, los extremeños respecto al resto de españoles. "La diversidad territorial y poblacional de las distintas regiones genera importantes distorsiones en la garantía del principio de equidad" recogido en la Constitución Española, explican. Esto, según Angel Franco, "no solo repercute negativamente en la igualdad efectiva de derechos de los ciudadanos, sino que también tienen un considerable impacto a la hora de calcular las necesidades reales de financiación de las distintas regiones".
TIEMPOS DE ACCESO Para calcular la accesibilidad, Juan Morillo y su equipo parten de la base del tiempo medio por carretera que tarda un ciudadano en llegar desde su localidad al centro de salud, hospital o centro educativo más próximo a su municipio de residencia. Así, cada extremeño tarda una media de 4,3 minutos en llegar al centro de salud más cercano --mientras que la media española está en 3,2 minutos--, otros 14 minutos y medio en alcanzar un hospital --frente a los 9 minutos de la media nacional-- y casi 5 a un instituto de Secundaria --la media española es de 3 minutos--. En todas estas variables Extremadura es la comunidad, o está en el grupo de comunidades, donde más se tarda en acceder a estos servicios fundamentales. En general, las regiones más extensas (como Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia) son las más perjudicadas, "las que tienen un mayor déficit de accesibilidad".
La solución, según el informe, pasa por cambiar los criterios aplicados en el modelo de financiación: "La resolución de estas desigualdades pasa por dotar con recursos adicionales a aquellas comunidades cuyas balanzas en accesibilidad presentan saldos deficitarios. La cuantía debe ser la suficiente para garantizar el funcionamiento de infraestructuras sanitarias y educativas adicionales a las ya existentes y que permita equiparar los niveles de accesibilidad de estas comunidades con las medias nacionales".
Así, los autores del trabajo han calculado cuántos institutos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y cuántos centros de salud y hospitales serían necesarios para que los extremeño tengan unos tiempos medios de acceso a estos servicios similares a la media nacional. Y a partir de ahí han calculado el coste de su mantenimiento --dado que su construcción debe financiarse con las inversiones fijadas a través de los presupuestos generales del Estado y los de la comunidad autónoma--.
18 HOSPITALES MAS El resultado es que para que los ciudadanos de la región tengan los servicios educativos y sanitarios a la misma distancia temporal que la media española --con lo que se cumpliría el principio de igualdad-- sería necesario construir 96 nuevos centros de salud, 18 hospitales más y un mínimo de otros 110 institutos, a parte de los ya existentes--. Esto, según sus estimaciones, supondría un coste de funcionamiento próximo a los 1.600 millones de euros, con lo que se garantizaría que el "nivel de bienestar de los extremeños es idéntico al de la media de los ciudadanos en España".
"Esto no implica que se tengan que construir necesariamente los citados centros, pero sí permite calcular de forma indirecta la cantidad de dinero necesaria para compensar a los extremeños por unos servicios públicos deficientes en relación con las medias nacionales", explican los autores.
Sobre los criterios de crecimiento de la población y renta per cápita que hasta ahora han guiado los distintos modelos de financiación, el estudio señala que no han contribuido a calcular de forma adecuada las necesidades reales de gasto de las comunidades autónomas ni a eliminar las diferencias entre los territorios, "más bien lo perpetúa en el tiempo". Por eso recomienda introducir en el futuro modelo de financiación criterios alternativos como este de la accesibilidad a los servicios básicos.
