Pese al proceso privatizador que se viene acometiendo a lo largo de las tres últimas décadas, el Estado aún mantiene presencia en Extremadura a través de seis empresas de capital público. La más relevante es Cetarsa, que cuenta en la región con 275 trabajadores y tiene centros en Navalmoral de la Mata, Talayuela, Plasencia, Coria, Jaraíz de la Vera, Jarandilla y Don Benito.

Hace tres años el Gobierno puso en marcha el proceso privatizador de la tabaquera presidida por Julio Viñuela, abortado en sus comienzos, y la empresa, donde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee el 79,18% y el resto está en manos de Altadis, atraviesa un proceso de reconversión.

Asimismo, Mercasa, donde la SEPI cuenta con un 51% del capital, es a su vez dueña del 96,8% de Mercabadajoz.

Otra firma de capital estatal es Tragsa, dedicada a la prestación de diversos servicios agroganaderos y forestales, que tiene delegación en Extremadura, como también la tienen las empresas periodísticas EFE y RTVE.

Por último, SEPIDES, participada al 100% por la SEPI, posee el 62,3% de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Extremadura (SODIEX).