Diligencias previas en marcha. El caso de Caval --la cooperativa de Valdelacalzada que arrastra una deuda de más de 28 millones de euros y que la semana pasada logró, in extremis y con la mediación de la Junta, un acuerdo con los bancos para mantener su actividad-- ya está siendo instruido por el juzgado número 4 de Badajoz. Los antiguos dirigentes de la sociedad --el exgerente Manuel García González, el expresidente de la junta rectora, Juan José Magdaleno Escudero, y el extesorero, Laureano Reyes Bueno-- tendrán que declarar el próximo 4 de mayo imputados por posibles delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones (el fiscal también les ha investigado por una infracción societaria que, en principio, no aparece en el auto de la jueza).

Además, la autoridad judicial solicita a la Junta de Extremadura información acerca de las subvenciones concedidas a la cooperativa y ofrece a sus actuales responsables la posibilidad de personarse en el procedimiento, como parte perjudicada, lo que estos planean hacer. En este sentido, explican que el proceso abierto no persigue buscar responsabilidades por el agujero financiero que presenta la sociedad --lo que no se descarta, pero para lo que será necesario hacer una auditoría--, sino aclarar las irregularidades detectadas en las actas y la gestión de las ayudas públicas, sobre todo.

Esto es lo que pretende la titular del juzgado encargado del caso, como consecuencia de la denuncia que en torno al pasado mes de noviembre presentaron 16 socios de la cooperativa, al apreciar irregularidades en su gestión. Entre ellos se cuenta el actual presidente del consejo rector, Antonio Domínguez, que ya anuncia que la actual directiva se sumará ahora al procedimiento judicial abierto, ya que cuando este se inició aún no se había producido el relevo al frente de la sociedad. Entonces, de hecho, aún estaba dirigida por los actuales imputados.

RECIENTE DIMISION Fue a principios de diciembre cuando dimitió el entonces gerente, Manuel Rodríguez, al que los socios de Caval consideran principal responsable de la gestión de la cooperativa, ya que ha permanecido en este puesto desde sus inicios, hace más de 20 años. Este abandonó su cargo voluntariamente después de que se convirtiera en una exigencia de la mayoría de los cooperativistas, que incluso se encerraron en las instalaciones y protagonizaron las primeras protestas al conocer que debían afrontar una deuda de más de 20 millones (como se estimaba entonces) y por la escasa información de la que decían disponer. A finales de ese mismo mes, la junta rectora renunció también a la dirección de la cooperativa, tras saberse que la deuda superaba los 27 millones.

Ahora, tanto Rodríguez como los principales responsables de la anterior directiva (el nuevo consejo fue elegido, con el apoyo mayoritario de los cooperativistas, en enero, y desde entonces se ha centrado en llegar a un acuerdo con los bancos para poder hacer frente a la millonaria deuda y continuar con su actividad) tendrán que dar cuenta de su gestión, en la que la Fiscalía aprecia irregularidades que podrían constituir delitos societarios, de falsedad documental y fraude de subvenciones.

Al menos por los dos últimos, la titular del juzgado número 4 de Badajoz ha abierto diligencias previas, tras examinar las presentadas por la Fiscalía (que esta llevó a cabo, a su vez, a raíz de la denuncia de los socios) y deducir de las mismas "la posible existencia de una infracción penal". En consecuencia y al no estar determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos, ni las personas que en ellos han intervenido, la jueza abre diligencias previas.

Estas consisten, en primer lugar, en la toma de declaración de los "imputados", los excargos de Caval Manuel García, Juan José Magdaleno y Laureano Reyes. Además, se solicita a la Junta de Extremadura información sobre las subvenciones concedidas a Caval para la compra de maquinaria y para el proyecto de mejora de variedades, incluyendo la titularidad de los fondos y el importe que recibió la cooperativa, las condiciones exigidas, la forma en que se efectuó el pago y la documentación presentada por la cooperativa.

Finalmente, la jueza ofrece a la "perjudicada" sociedad la posibilidad de sumarse al procedimiento judicial. Así lo planea hacer su junta rectora, presidida actualmente por Antonio Domínguez (uno de los socios que presentaron la denuncia) y que contratará los servicios de la abogada que ya está llevando el caso, Rosalía Perera. Este añadió que aportarán nueva documentación que están recopilando a medida que revisan los archivos de la cooperativa.

"Hasta ahora, hemos tenido que centrarnos en conseguir el préstamos para poder hacer frente a la deuda y mantener la actividad, pero habrá que investigar qué ha pasado en Caval", sentenció Domínguez.