Desde hace un año, Extremadura cuenta con una fiscalía especial dedicada en exclusiva a los casos de siniestralidad laboral. Está constituida por dos fiscales, uno por provincia. Hasta la constitución de esta fiscalía estos asuntos eran llevados por un fiscal que carecía de exclusividad o especialización, y que en la mayoría de los casos tenía que limitarse a llevar la estadística y hacer un seguimiento de los procedimientos judiciales abiertos.
Todavía no existen datos cerrados de la actividad de esta fiscalía especial. Los que se conocen son del 2005, cuando no había fiscales de siniestralidad, y la fiscalía extremeña llegaron medio millar de causas donde podían aparecer indicios de criminalidad tras un accidente laboral. En la mayor parte de los casos, los sumarios fueron archivados, debido en ocasiones a que finalmente nadie quiere presentar denuncia por lo ocurrido y en otros casos porque no se logra determinar que se haya producido una irregularidad punible en materia de seguridad.
En cuanto a la Inspección de Trabajo, la plantilla está estancada en una quincena de inspectores, pese a que los efectivos laborales en la región han ido subiendo año tras año. Desde los sindicatos se ha reiterado la petición de que se incremente el número de inspectores. También se demanda un sistema mediante el cual siempre haya un inspector de guardia para actuar de inmediato.
La Inspección de Trabajo realizó en la región durante el pasado año casi 9.300 actuaciones. En uno de cada diez casos se levantó acta de infracción, que afectaron a más de 2.600 trabajadores. Además, se paralizaron 76 centros de trabajo por incumplimiento de la normativa de seguridad laboral.
