Ha sido la única dirigente de su partido que de momento ha hablado cara a cara con Zapatero sobre la financiación, y su satisfacción por el resultado le ha llevado a situarse en una posición que no ha sido del todo bien recibida por el resto de los dirigentes populares. Es Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien con sus declaraciones de apoyo incondicional a los planes del Gobierno sobre el futuro sistema de reparto de fondos estatales entre las comunidades autónomas, ha evidenciado que cuando se habla de dinero, los colores de partido importan más bien poco.
Estas declaraciones se produjeron el lunes, después de la reunión que mantuvo con José Luis Rodríguez Zapatero para conocer de primera mano las líneas básicas del modelo de financiación que maneja el Gobierno. Sus palabras no han provocado el mismo sentimiento en el seno de su partido, que defiende que el presidente del Gobierno debe citar a todas las comunidades autónomas para exponerle su propuesta de financiación, pero también al líder de la oposición, Mariano Rajoy.
La falta de sintonía de las palabras de Aguirre con otros dirigentes populares sobre este asunto se reconoce en las declaraciones del presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, a quien empieza a no sonarle bien --según sus propias palabras-- la música de un modelo de financiación que satisface las necesidades de quienes quieren que el volumen de población adopte un mayor protagonismo en los criterios de reparto. Desde la dirección nacional del partido hay otras dos voces discordantes significativas. Por un lado, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que teme que el presidente del Gobierno trate de engañar a los dirigentes autonómicos diciéndole a cada uno aquello que quiere oír. Por otro, el portavoz de Economía del partido, Cristóbal Montoro, quien rebajó la satisfacción expresada el lunes por Aguirre recordando que el Gobierno no ha puesto sobre la mesa ni una sola cifra.
Agrupación por zonas
Sea cual sea el acuerdo que finalmente suscriban el Gobierno y las comunidades autónomas, por el momento en lo único que la financiación ha sido capaz de poner de acuerdo a todos los dirigentes de las comunidades autónomas es en el hecho de que todos están dispuestos a enfrentarse a su propio partido político con tal de defender los intereses de los ciudadanos a los que representan.
El caso es que desde que se abrió el debate estos intereses se han venido agrupando más por zonas socioeconómicas que por afinidades políticas. Por un lado se encuentran las regiones con más población, como son Andalucía, gobernada por el PSOE, Madrid, por el PP, y Cataluña, dirigida por los socialistas catalanes con el apoyo de los nacionalistas. A este mismo grupo pertenecen, en función de sus preferencias, otras dos regiones del área mediterránea, como son la Comunidad Valenciana, que es una de las que más ha visto incrementada su población, y las Islas Baleares, cuyo presidente, Francesc Antich, ya ha dicho --tras una conversación telefónica con Zapatero-- que las negociaciones sobre el nuevo modelo "van por buen camino".
Esta ha sido la misma respuesta ofrecida por las tres primeras, que ya han dado el visto bueno al plan de Zapatero, en tanto que pretende igualar la cantidad de dinero que transfiere a las comunidades autónomas por cada uno de sus habitantes. Las valoraciones de Cataluña y Andalucía se conocieron el pasado sábado, después de que sus dos presidentes, José Montilla y Manuel Chaves, abrieran la ronda de contactos con el presidente del Gobierno.
Aunque en principio estas reuniones fueron secretas, lo cierto es que su contenido inundó los medios de comunicación. Este oscurantismo provocó el enfado del presidente extremeño, quien exigió a Zapatero que convocara al resto de regiones para explicarles sus planes con el fin de evitar que haya comunidades de diferente categoría.
A las reuniones de ayer estaban citados los presidentes de algunas de las regiones más preocupadas con el cambio de financiación, debido a que actualmente son las que más dinero reciben per capita , entre ellas Extremadura. Con el fin de evitar que cambie esta situación, esta y otras regiones como Asturias, Galicia, Castilla y León o Cantabria apuestan por introducir criterios como la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población, que encarecen la prestación de los servicios, al cálculo de la financiación.
