Los consumidores tendrán que rascarse el bolsillo para cubrir el agujero de la sanidad autonómica. Para aliviar, que no enjugar, el galopante déficit sanitario de las autonomías --estimado en más de 6.000 millones de euros--, el Gobierno pondrá encima de la mesa una ayuda de 1.000 millones a fondo perdido y la subida de los impuestos del alcohol (un 10%) y el tabaco (un 5%). Consciente de que no bastará con esta aportación, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, advirtió ayer de que las comunidades que necesiten más recursos deberán asumir el desgaste de gravar más las gasolinas, la luz o la matriculación de vehículos.
A sólo nueve días de la conferencia de presidentes, que el próximo 10 de septiembre deberá sellar el pacto institucional sobre la financiación sanitaria, el Ejecutivo remitió ayer a las autonomías su primera oferta por escrito, que presentaron en Madrid el propio Solbes y los ministros Jordi Sevilla (Administraciones Públicas) y Elena Salgado (Sanidad). Los tres aclararon que no es una propuesta "cerrada", aunque la brevedad de la negociación sugiere lo contrario, pues el acuerdo entre el Estado y las comunidades deberá cerrarse el miércoles que viene en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
AUMENTO DE POBLACION La oferta financiera del Ejecutivo consta de cuatro partidas distintas, unas dotadas de euros contantes y sonantes y otras, de meras conjeturas. Para empezar, el Estado sólo pondrá a fondo perdido los citados 1.000 millones --500 en el presupuesto del 2006 e idéntica cifra en el del 2007-- para reducir el déficit sanitario. De esta ayuda, 100 millones se destinarán a la "cohesión sanitaria" y el resto llegará a las comunidades de acuerdo con el censo de población del 2004, pero con los criterios de reparto del modelo de financiación en vigor. La segunda partida, estimada en 127,2 millones de euros, procederá del aumento de los impuestos del alcohol y el tabaco, el 40% de cuya recaudación corresponde a las autonomías. Alcoholes, cervezas y derivados subirán un 10%, mientras las cajetillas de cigarrillos se encarecerán entre 11 y 13 céntimos. Gracias a esta medida, el Estado, que se queda con el 60% de estos impuestos especiales, ingresará cerca de 200 millones anuales, de modo que en unos cinco años habrá compensado los 1.000 millones entregados, en teoría a fondo perdido, a las CCAA.
La tercera vía financiera que plantea Solbes es más bien una hipótesis, una alternativa en manos de las autonomías. Las comunidades que necesiten más recursos para la sanidad, recordó ayer el vicepresidente, pueden fijar un recargo sobre los carburantes o céntimo sanitario, como ya hacen Cataluña, Madrid, Asturias y Galicia.
HASTA 4,8 CENTIMOS POR LITRO Si agotaran el tope actual, 2,4 céntimos por litro, y subieran también el impuesto de matriculación, Solbes asegura que obtendrían 696,6 millones al año. Pese a reconocer el impacto que esta medida tendría sobre la inflación, el vicepresidente anunció que el Gobierno dará a las autonomías capacidad normativa para subir el litro de gasolina hasta 4,8 céntimos, con los que ingresarían 819,8 millones anuales. También podrán incrementar hasta un 2% el impuesto de la electricidad, medida que les reportaría 321,4 millones. Tras algunos titubeos, al final el Ejecutivo ha descartado forzar a las autonomías a subir sus impuestos para acceder a la ayuda estatal de 1.000 millones.
Por último, y de forma transitoria, el Estado está dispuesto a adelantar a las comunidades el 100% de la recaudación prevista por su participación en los impuestos cedidos, frente al actual 98% de las entregas a cuenta. Esto les dará una mayor liquidez --dispondrán antes de unos 800 millones más al año-- pero no aumentará sus recursos, pues al saldar cuentas con el Estado la cifra resultante será exactamente la misma.
En total, sumando la ayuda estatal y la hipotética subida fiscal en todas las autonomías, la sanidad pública recibiría 3.265 millones más en los dos próximos años. Una cifra utópica, pues en puertas del 2007, cuando la mayoría de las autonomías celebrarán elecciones, pocos ejecutivos regionales asumirán el coste político de elevar la presión fiscal sobre sus votantes.
LAS REACCIONES Comunidades como Galicia o Aragón, gobernadas por el PSOE, rechazaron subir impuestos; la Junta extremeña incluso opinó que el plan del Ejecutivo "no es el más acertado", y Cataluña lo calificó de "un paso adelante" pero "insuficiente". Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, en manos del PP, la definieron como un "parche insuficiente e impresentable". Aunque el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió que no se introduzcan "elementos partidarios" en la negociación, ni los socios del Gobierno atendieron su llamada. Joan Puigcercós (ERC) calificó de "cicatera" la oferta; Gaspar Llamazares (IU), de "insuficiente"; y Josep Sánchez Llibre (CiU), de "inaceptable". Para el PP, estas subidas de impuestos dispararán las desigualdades.
