El sector extremeño de las energías renovables ha recibido con inquietud la publicación el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado de un real decreto ley que introduce modificaciones en su marco regulatorio. La normativa afecta fundamentalmente a la energía termosolar --la fotovoltaica cuenta con un decreto propio desde septiembre pasado-- y también a la eólica. A día de hoy se están construyendo en la región ocho plantas termosolares, que suman una inversión aproximada de 2.200 millones de euros y que darán trabajo durante su edificación a unas 4.000 personas. Una vez finalizadas, los empleos directos creados rondarán los 360.
Entre otras cosas, el Gobierno ha introducido la obligatoriedad de que los proyectos se inscriban en un registro en los 30 días siguientes a la publicación del decreto, algo para lo que impone determinadas condiciones. Y para los que no puedan hacerlo, avanza una próxima disminución de las primas que se conceden a la producción de estas energías, si bien no se especifica cuál será la cuantía de la bajada. Precisamente, la indefinición ha sido uno los aspectos más criticados de esta normativa, ya que los termosolares son proyectos que requieren una elevada inversión y a los que cualquier incertidumbre sobre su desarrollo puede complicar mucho encontrar financiación. "Esto crea una inseguridad jurídica enorme", aseguraba ayer un empresario extremeño del sector. "Nos están intentando cambiar las reglas del juego a mitad del partido", añadía.
"Si no hay ninguna variación y esto sale tal y como está ahora, al pie de la letra, muchos proyectos, tanto en termosolar como en eólica, se van a retirar", vaticina Francisco del Pozo, presidente de la Asociación Empresarial de Energías Renovables de Extremadura (Aerex), un colectivo que agrupa a unas cuarenta empresas. Sin embargo, Del Pozo confía en que finalmente el ministerio "suavice las condiciones" para algunas de las empresas promotoras, "sobre todo para aquellas que tienen la documentación más avanzada".
DECLARACIONES DE NAVARRO Desde el Ejecutivo autonómico, José Luis Navarro, Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, admitió ayer "el malestar" de la Junta de Extremadura "por no haber sido consultados previamente" a la promulgación del decreto, un malestar que, dijo, ya se le ha transmitido al Ministerio de Industria. "Compartimos la necesidad de hacer una regulación, pero hemos echado de menos la posibilidad de haber opinado sobre ella", argumentó. Igualmente, Navarro explicó que son las instalaciones termosolares las que en mayor medida pueden verse afectadas por los cambios introducidos, ya que mientras que en el caso de la eólica el objetivo de producción fijado para el 2010 todavía no se ha alcanzado, con lo que todos los proyectos en marcha podrían regirse por las condiciones vigentes hasta hace unos días, en el de la termosolar "el objetivo eran 500 megavatios en toda España, pero solo con lo que hay en construcción ya habría 800".
Para las termosolares que ya se están construyendo en la región, Navarro exige "que se respeten todos sus derechos", igual que para aquellas que "ya cuentan con todas las autorizaciones". El número exacto de estas últimas aún no se conoce. "Nos estamos poniendo en contacto con todas las empresas promotoras para saber cuál es su situación", indicó ayer el consejero, que agregó que el planteamiento que han hecho al Gobierno las comunidades autónomas (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, las que concentran el grueso de las iniciativas) es que se permita la construcción de 30 plantas en toda España durante esta primera fase, por lo que considera que ya sería un éxito que Extremadura pudiera contar con doce.
Navarro considera fundamental que, tal y como ya se ha comprometido, el ministerio dé a conocer cuanto antes cuáles son las "nuevas reglas del juego", y determine cuántos megavatios cobrarán la nueva prima, cuántos la anterior, qué cupo de megavatios de termosolar habrá cada año o en qué medida se va a reducir la prima. Sobre este último punto, subraya que el ministerio le ha transmitido la intención de que el descenso "sea paulatino y asumible, para que los proyectos sigan siendo rentables a corto plazo". Igualmente, también solicita "que no se demoren durante meses" los trámites de inscripción para aquellas empresas que cuenten con todas las autorizaciones, con el fin de no paralizar los proyectos.
En el real decreto publicado el jueves pasado se justifica la nueva normativa por la "creciente incidencia" de las instalaciones de régimen especial sobre el déficit tarifario. "La tendencia que están siguiendo estas tecnologías podría poner en riesgo en el corto plazo la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico, por su impacto en la tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico". En cualquier caso, desde el Ministerio de Industria se negaba ayer que hubiese motivo alguno para la intranquilidad en el sector: "El objetivo es que todo lo que está en marcha ahora se regule con las anteriores condiciones", aseguraban fuentes del departamento que dirige Miguel Sebastián, que incidían en que el texto publicado es un "decreto marco", que ahora tendrá que ser desarrollado por otra normativa que entrará en vigor de aquí a dos meses y medio. Sobre la reducción de las primas, el ministerio resalta que son un instrumento que ha ayudado "al despegue" de las renovables, pero "ahora hay que buscar un punto de equilibrio: promocionar estas energías sin que esto suponga una sangría para los ciudadanos".
Para otro de los aspectos polémicos del decreto, la exigencia de tener recursos propios o financiación para acometer al menos el 50% de la inversión y de que también estén comprados al menos el 50% de los equipos, se argumenta que es una "garantía de que quien presenta un proyecto lo hace de forma seria".
