La industria farmacéutica ha sido la gran beneficiaria indirecta del episodio de la gripe A, del que han resultado perdedores involuntarios los gobiernos que invirtieron en la compra de millones de dosis de unas vacunas en las que la población no confió ni, por fortuna, necesitó. Ha transcurrido poco tiempo y aún no es posible evaluar si fue erróneo o no que la Organización Mundial de la Salud (OMS) permitiera que los laboratorios productores de la vacuna contra el H1N1 mantuvieran sus patentes sobre el fármaco. El respeto a la patente permitió que la industria fijara un precio medio de 10 dólares (7,3 euros) por dosis del preventivo, cuando, de haber declarado emergencia sanitaria la obtención de esa vacuna, su producción habría seguido el proceso de los fármacos genéricos y el coste de una dosis no habría superado los 70 céntimos de euro. Esas conjeturas forman parte de la investigación realizada por los expertos de la OMS que han analizado la pandemia.

Las farmacéuticas interesadas en la vacuna antigripal recibieron a mediados de mayo el encargo de la OMS de acelerar dicha producción, y se les entregaron las cepas autorizadas. Quienes optaron a elaborar el fármaco preventivo, a su vez, se aseguraron un mínimo de ventas a cargo de los gobiernos occidentales a cambio de invertir en dar respuesta a tal demanda.

En aquel momento --mayo-- la vacuna se contemplaba como una utopía realmente salvadora. La cotización en bolsa de Novartis, Glaxo Smith Kline, Astra Zeneca y Sanofi Pasteur, principales productores para Europa y América, reflejó su tendencia al alza. Fuentes del sector calculan que la campaña de vacunación contra la gripe A supuso a esas compañías unos beneficios próximos a los 15.000 millones de euros.

El Gobierno español hizo una reserva de 37 millones de dosis de vacunas, con las que preveía proteger al 40% de la población por medio de dos inyecciones consecutivas. De esa reserva, que habría supuesto un coste de 260 millones de euros, únicamente se adquirieron inicialmente 13 millones de dosis, por las que el Gobierno abonó 90 millones de euros. A la vista de la evolución de la epidemia, y al comprobar que no eran necesarias dos dosis por persona sino una, Sanidad dejó sin efecto la compra de los otros 24 millones de dosis comprometidos, una partida que no fue necesario pagar gracias a una cláusula contractual que preveía abonar únicamente la cantidad adquirida. Finalmente, apenas se utilizaron tres millones de dosis de vacuna, ya que los ciudadanos la rehusaron masivamente. Una evolución económica parecida han seguido los laboratorios productores de fármacos antivíricos. El Gobierno español optó por oseltamivir (Tamiflú, de marca comercial) de la compañía Roche.

En el proceso de adquisición de vacunas y antivirales el Ministerio de Sanidad ha contado con la complicidad y aprobación de las comunidades autónomas españolas, que han abonado la parte proporcional adquirida para sus ciudadanos. El destino de las vacuna sobrantes aún es objeto de especulación.