Los jueces y magistrados de Extremadura están por la huelga. Así se puso de manifiesto ayer en el transcurso de la junta autonómica de la judicatura, celebrada en la biblioteca de la Audiencia Provincial de Badajoz, con la asistencia de miembros de toda la región. Los asistentes, tras valorar de forma positiva del resultado de la huelga del pasado 18 de febrero, expresaron su apoyo a la convocatoria aún vigente de un paro para el próximo día 26 de junio, si es que se mantiene. Y además anunciaron otra, ésta propia, para ir a la huelga el 8 de octubre, si bien falta concretar si será o no indefinida, como lo expresaron los decanos de los jueces de Badajoz, Emilio García Cancho; y de Cáceres, Joaquín González Casso.
El cambio del equipo ministerial en Justicia y su disposición al diálogo, reconocida por los asistentes a la junta, no es suficiente para el colectivo, que consideró que "la buena actitud no se materializa en la toma de decisiones concretas, pues el enfermo continúa en la UVI", explicó el decano de los jueces de la provincia de Badajoz. Y señaló que el colectivo se ha "felicitado por el éxito obtenido en la huelga del 18 de febrero, éxito que no es para nosotros, sino para la Administración de Justicia".
SECUNDAR LA HUELGA El siguiente punto abordado por los jueces fue el apoyo al último acuerdo adoptado en Mérida, que anunciaba "la ratificación de los acuerdos de la comisión Interasociativa Permanente (CIP) --asociaciones judiciales-- que convocó la huelga para el 26 de junio. Nosotros ratificamos el acuerdo de secundar la huelga si la convocan", dijo García Cancho, y aclaró que la del 26 de junio está "anunciada pero no convocada. Si la CIP llega a dicho puerto, la comunidad extremeña se unirá a la huelga".
Esta decisión dependerá, como señaló el decano cacereño, del resultado de las reuniones que mantenga la CIP con el ministerio los días 8 y 16 de junio. "Lo que hemos comentado en la junta es que la mayoría de los compañeros dudan mucho de que esa convocatoria se lleve a efectuar; lo dudamos, pero si se hiciera, nos adheriríamos". Pero los jueces extremeños consideraron "totalmente insuficientes los avances" en la negociación que mantienen las asociaciones con el ministerio, según González.
Así, García Cancho añadió que "todo son buenas maneras, pero todo está en el aire y no se adoptan medidas para sacar al enfermo de la UVI, un enfermo muy grave". Por ello, el colectivo judicial de la región anunció una huelga para el 8 de octubre, que coincide con el movimiento reivindicativo de lo jueces.
El decano pacense precisó que el paro del 8 de octubre se iniciará dicho día, pero se determinará en una reunión en septiembre, "a la vista de la situación, si la huelga será de un día, de tres o indefinida". Su razón es que "no nos fiamos absolutamente nada de que la CIP convoque la huelga para el 26 de junio". Y "pase lo que pase el 26 de junio, salvo que se consiga lo que se pretende, nosotros hemos decido ya iniciar movilizaciones el 8 de octubre".
MEDIDAS EN 24 HORAS Ambos decanos consideraron que hay medidas que se pueden cumplir "en 24 horas y no se han cumplido". Requeridos para que expusieran algunas, González indicó la agenda de señalamientos, "que los jueces no queremos que quede en manos del secretario"; el ascenso forzoso, o la necesidades de inversión en materia de planta judicial y mejoras en la Administración de Justicia.
En cuanto a las medidas que requieren más inversión, "en cuyo caso somos conscientes de la situación económica y por tanto se puede esperar", afirmó Joaquín González, puso como ejemplo "la ratio de jueces; tenemos la más baja de Europa: 10 jueces por 100.000 habitantes, y habría que llegar a la media europea, aunque nos conformamos con la de nuestros vecinos de Portugal, que es de 15".
El resto de las reivindicaciones son las mismas de la huelga del 18 de febrero y se mantienen todas, como la implantación de la oficina judicial, la modernización de sistemas informáticos e interconexión entre las distintas comunidades autónomas, y una fundamental para el colectivo, la actualización de la ley de retribuciones de jueces y magistrados, especialmente el aumento en el ejercicio de las guardias, que están a a 0,60 euros la hora.
Otras reclamaciones son la reorganización de la planta judicial, que en Extremadura requeriría la creación de 10 plazas, con cuatro juzgados y una plaza de magistrado para la Audiencia en Badajoz, otro en Mérida y al menos cuatro más en Cáceres. También reclaman la supresión del traslado forzoso, la conciliación de la vida laboral y familiar, modificación de permisos, vacaciones y sustituciones, así como mejorar las condiciones de jubilación.
