La Junta está dispuesta a flexibilizar los requisitos para la instalación de parques eólicos en Extremadura. Así se deduce de las propuestas planteadas en el borrador del nuevo decreto para regular la autorización de este tipo de instalaciones, que propone como alternativa a la exigencia de crear tres empleos por megavatio instalado el pago de un canon a los ayuntamientos para que sean estos los que se ocupen de crear los puestos de trabajo. Esta normativa deberá sustituir a la vigente en la actualidad, mediante la que el pasado mes de agosto se autorizó la instalación de 21 parques eólicos en Extremadura, que pasaron a ser 22 después de que en diciembre se resolvieran las alegaciones al proceso de autorización.
Precisamente, otra de las principales novedades que destacan entre las proposiciones del Gobierno regional es la eliminación del concepto de convocatoria de las solicitudes de autorización, para, según afirma en un comunicado, "reducir los plazos y facilitar un desarrollo continuado de la energía eólica". Esto supondrá, de llevarse a la práctica, que este tipo de energía renovable pasará a regirse por un modelo similar al de la fotovoltaica o la termosolar, en el que el promotor presenta su solicitud sin tener que atenerse a ningún plazo.
De este modo, aseguran fuentes del sector, no solo se favorece que se planteen los proyectos, sino que también se facilita a la Administración la tarea de analizarlos, al evitarse que se concentren todas las propuestas en el mismo periodo de tiempo, como ocurría hasta ahora. En cuanto a los problemas de solapamiento --coincidencia de dos proyectos en el mismo espacio--, el Ejecutivo extremeño planea publicar la solicitud inicial de los parques eólicos en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), para que los posibles promotores interesados en la instalación de una iniciativa similar próxima o coincidente puedan pedir también su autorización en un mes.
En cuanto a la exigencia de la creación de puestos de trabajo estables y directos (hasta ahora, tres por cada megavatio instalado por un periodo de cinco años), la Junta declara en su nota que "se mantiene", pero introduciendo la "alternativa" de pagar un "canon anual" destinado a "la realización, por parte de los ayuntamientos, de actividades generadoras de empleo público". Este es hasta ahora uno de los principales escollos, según fuentes del sector eólico, para instalar un parque eólico en Extremadura, por la dificultad de crear empleo complementario al parque (su mantenimiento no precisa mucha mano de obra), aunque está por ver si la opción que abre el Gobierno extremeño convence a las empresas.
MENOS ZONAS EXCLUIDAS Por otro lado, el borrador reduce en un 10% la superficie de las "zonas geográficas excluidas" --aquellas en las que no pueden instalarse parques eólicos por sus valores ambientales--, si bien la Junta no especifica a qué áreas afectaría dicha disminución. De ello estarán sin duda muy pendientes los ecologistas, que además recuerdan que en el resto del territorio también hay requisitos ambientales y, de hecho, son indispensables los estudios de impacto ambiental.
Además, se mantiene la obligación de pagar una "fianza" de 18.000 euros por cada megavatio que se pretende instalar. Esta medida ya estaba prevista en el decreto vigente actualmente (192/2005) y está dirigida fundamentalmente a evitar la especulación. Así lo constata el Gobierno regional, según el cual, esta medida garantiza que las empresas no desistirán voluntariamente de los proyectos y los podrán en marcha de forma correcta, los mantendrán durante el periodo establecido y restaurarán los terrenos una vez dejen de utilizarlos. En caso contrario y a no ser que se deniegue la autorización, la fianza no sería devuelta.
La Junta ha remitido este borrador a los agentes interesados (Clúster y Agencia de la Energía, Fempex, diputaciones, agentes sociales y Consejo Asesor de Medio Ambiente), para que puedan analizarlo y hacer las propuestas que estimen convenientes.
