La legislatura que arrancó con las elecciones del 14 de marzo del 2004 pasará a la historia, entre otras cosas, como la legislatura de las grandes reformas estatutarias.
Desde el 2004 las Cortes Generales han recibido 9 propuestas de autonomías que querían reformar su Estatuto. Y no se trata de simples cambios formales para asumir tal o cual competencia del Estado, sino que los nuevos Estatutos suponen cambios sustanciales que han llegado a enfrentar a unas comunidades con otras.
El último ejemplo ha sido el Estatuto andaluz, recurrido por Extremadura ante el Constitucional por las competencias sobre el Guadalquivir.
De las nueve reformas sólo una ha sido rechazada por el Congreso, la del País Vasco, también conocida como Plan Ibarretxe y que también fue la primera en llegar a las Cortes.
Llegó la polémica
A esta le siguió otra que generó una importante polémica, la de Cataluña, en vigor desde junio del 2006 y que define está región como una "nacionalidad". Entre otras cosas el texto establece el "derecho y el deber" de saber hablar catalán y castellano para todos sus ciudadanos, asegura que el Ejecutivo catalán "participa en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de miembros del CGPJ" y establece que durante 7 años el Estado deberá invertir en sus infraestructuras una cantidad equivalente al peso de Cataluña en el PIB nacional. Este Estatuto fue denunciado por el PP en el Constitucional.
También ha sido aprobado --y también en un referéndum con una escasa participación ciudadana-- el Estatuto de Andalucía, que define la comunidad como "una nacionalidad histórica" y tiene nada menos que 250 artículos (por los 169 de la Constitución). El punto más polémico es el que señala que Andalucía asume en exclusiva la cuenta del Guadalquivir a su paso por la comunidad, lo que ha sido recurrido por el Gobierno extremeño en el Constitucional.
Menos problemas han tenido los de Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón, que también han recibido el visto bueno del Congreso y el Senado y se configuran en sus estatutos como "nacionalidad histórica". Aragón reafirma su "lealtad constitucional" y avisa de que "no renuncia" a los derechos "que le hubieran podido corresponder en virtud de su historia". Baleares también se declara "nacionalidad histórica" y reconoce el "carácter de idioma oficial" del catalán. Por último, la Comunidad Valenciana ha introducido la llamada cláusula Camps , que permite a la región asumir cualquier nueva competencia que asuma otra comunidad.
A estos cinco ya aprobados se suman tres que en estos momentos en tramitación, concretamente los de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.
Destaca que pese al ruido político, en cinco de las ocho reformas estatutarias --dejando a un lado la del País Vasco-- hay un acuerdo entre populares y socialistas, algo que no ha ocurrido en Cataluña, Andalucía y Canarias, donde el PSOE buscó socios alternativos .
