Exhibir escudos, insignias o placas conmemorativas que exalten la sublevación militar de 1936 y el franquismo se considera contrario a la dignidad de las víctimas. Quien lo haga en Extremadura será penalizado con una sanción grave (hasta 20.000 euros de multa) y conllevará igualmente la retirada de subvenciones públicas. Esos símbolos serán retirados y trasladados al futuro Instituto de la Memoria Histórica, un lugar que además recopilará toda la información que durante décadas permaneció oculta y que ahora se pondrá a disposición de quienes quieran conocerla. Además, la Junta actuará de oficio en las labores de localización, exhumación e identificación de la víctimas (siempre que lo solicite un familiar, las entidades memorialistas o investigadores) y elaborará un mapa de fosas comunes. Quien edifique sin autorización en uno de estos terrenos donde se tenga certeza de la existencia de restos humanos de personas desaparecidas durante la represión será castigado con una sanción muy grave (la Junta ha elevado hasta los 150.000 euros este tipo de infracción). Son algunos de los principales artículos que se recogen el Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que ya ha sido publicado en el DOE. Se trata de un paso más para que la futura normativa extremeña empiece a funcionar en la comunidad. Antes tendrá que pasar el trámite parlamentario, «que puede ser largo, en Andalucía duró dos años», indican desde la secretaría general de Cultura. No obstante, ya se han marcado las directrices del futuro texto.

En colegios e institutos / La educación y los contenidos curriculares cobrarán especial relevancia en esta ley. El artículo 50 reza: «La Consejería de Educación procederá a revisar los textos escolares con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos en Extremadura durante la Guerra Civil y el franquismo». Además se añade que se ampliarán contenidos en Primaria, Secundaria y Bachillerato. El objetivo es ayudar a que las nuevas generaciones conozcan una parte fundamental de la historia de España sin los filtros y la censura que se impusieron durante el franquismo.

Reparación / Otra de las claves es que la Junta establecerá una política de ayudas destinada a fomentar proyectos de reparación y reconocimiento de las víctimas «así como de las organizaciones que contribuyeron a la defensa de la legitimidad democrática de la II República y de la democracia durante la dictadura franquista», tal y como se especifica en el anteproyecto. Se hará mediante elaboración de estudios y publicaciones, celebración de jornadas y homenajes, o la construcción de monumentos «que garanticen una profunda conciencia pública de lo que sucedió para que se transmita adecuadamente a las futuras generaciones».

La filosofía de la nueva normativa extremeña (que viene a complementar la ley nacional) es dar legitimidad y apoyo -político y económico- a la labor que las asociaciones memorialistas extremeñas llevan años desempeñando para luchar por la dignidad de quienes sufrieron la represión y no pudieron siquiera llorar la pérdida de sus seres queridos por miedo a las represalias. El fin ahora es que esa defensa tenga un marco legislativo propio.