Unos 30.000 juicios celebrados en Extremadura durante la guerra civil y el franquismo serán declarados "ilegítimos" una vez que se apruebe el proyecto de Ley de la Memoria Histórica, ahora en fase parlamentaria. Una decisión que aunque no supondrá la nulidad de los procesos, desde el punto de vista de los afectados abre una puerta para obtener una sentencia favorable en la revisión de los casos.
En la comunidad autónoma, de acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento por el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, más de 30.000 personas fueron objeto de consejos de guerra desde el comienzo del conflicto, en 1936. Concretamente, según explica el profesor de la Universidad de Extremadura Julián Chaves, se trata de procedimientos basados en el "Código de Justicia Militar, aplicado en la zona sublevada desde su aprobación el 28 de julio de 1936 en Burgos". Es decir, solo afectará a los consejos de guerra y quedarán fuera de este punto las causas abiertas por la Ley de Vagos y Maleantes o por la de Peligrosidad y Rehabilitación Social, con las que se ofició la represión contra actitudes que se consideraban moralmente inadecuadas, como la homosexualidad, la mendicidad o la drogodependencia.
Las investigaciones que está llevando a cabo Julián Chaves apuntan que en la provincia de Cáceres fueron más de 11.000 las personas sometidas a los consejos de guerra, todos ellos celebrados entre 1936 y 1948. En Badajoz fueron "al menos el doble".
El resultado de estas causas, en las que las garantías procesales eran "deficientes", fue amplio. "Desde la pena de muerte a la prisión perpetua u otras penas de reclusión inferiores", apunta Chaves. De hecho, de acuerdo con los últimos datos que maneja el investigador de la Uex, 1.700 personas fueron condenadas en la región a penas de muerte en este tipo de procedimientos. "El objetivo --insiste-- era acabar con lo que llamaban conspiración judeo-masónica".
EL ALCANCE DEL ACUERDO El acuerdo de IU-ICV y PSOE recoge el "reconocimiento del carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la guerra civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura" y además declara la "ilegitimidad" de los tribunales que las dictaron. Según IU-ICV, impulsora del pacto con los socialistas, este punto abre nuevas esperanzas para lograr la nulidad de todas las sentencias del régimen franquista. Pero es más, bajo su punto de vista, no será necesario la intervención o solicitud directa de los afectados. Esta formación considera que el texto "permitirá a la fiscalía instar de oficio la nulidad de las sentencias" y que la declaración de ilegitimidad supone "una prueba determinante" y una "nueva jurisprudencia" en la revisión de los casos.
Sin embargo, desde el entorno jurídico no comparten este optimismo. Algunas fuentes consultadas apuntan que hay que esperar a la aprobación definitiva del texto para saber qué repercusiones tendrá. De momento, el decano de la Facultad de Derecho de la Uex, Emilio Cortés, advierte: "Si simplemente se declaran ilegítimos los tribunales, la ley no tendrá ninguna eficacia. Será una retroactividad absolutamente estéril, algo simbólico y testimonial, más que jurídico". En este sentido, apunta que servirá para "recompensar moralmente" a afectados y familiares, pero nada más: "Es una ley marcadamente política".
Lo que sí es seguro, al menos de momento, es que el acuerdo entre PSOE e IU no supondrá la nulidad de facto de los procesos,
