Luis Fernando Hernández comparte con Juana Gálvez, la secretaria judicial de Sevilla expedientada, la responsabilidad de un Juzgado de lo Penal, el de Cáceres. Por ese paralelismo, las miradas se fijaron especialmente en él, ya que, como sostenían estos funcionarios, igual podría haber sido él el sancionado.

--¿Podría haber ocurrido aquí en Cáceres un caso Mari Luz ?

--Podría haber ocurrido y puede ocurrir en este juzgado en cualquier momento. Es así de crudo y así de duro. Yo no puedo tener la cabeza en 1.800 ejecutorias que tiene este juzgado al año y estar metido en la sala de vistas cuatro días a la semana, a veces los cinco. A lo mejor uno no entra en su despacho en 15 días, así es que puede ocurrir.

--¿Se han producido situaciones de riesgo en este sentido?

--Siempre se producen. Uno vive en continuo sobresalto porque el volumen es tan grande y los medios técnicos tan pobres y manuales que requieren mucho tiempo. El sistema es arcaico. ¿Qué ocurriría si Hacienda funcionara con los legajos grapados o atados con gomas de los expedientes de cada ciudadano y cada vez que necesitara hacer una consulta tuvieran que verse 15 tomos?. Si tan importante es celebrar juicios para el derecho del ciudadano, más aún lo es ejecutar las sentencias, porque no hay cosa más estéril que a uno le den la razón y los tribunales no puedan ejecutarla. Y esto ocurre, hay muchas demoras por un mal endémico estructural que no hay vocación de atajar.

--¿Cuál es el principal temor?

--Este juzgado no se ha visto al día de hoy involucrado en un suceso tan luctuoso como el de Cádiz, pero hay otros supuestos quizás menos llamativos que podrían darse. Es por ejemplo muy habitual en asuntos de tráfico que llevan aparejado la retirada del carnet. Con esta avalancha de procedimientos y los medios que tenemos, mañana un señor atropella a un niño a la salida del colegio, lo mata, y estamos en la misma situación hasta que se le retire el carnet. ¿Cómo controlamos eso? Yo tengo un trabajo asumible y otro que no, y una responsabilidad razonable. Hacemos todo lo que podemos.

--Se solidarizan con Gálvez porque achacan la principal responsabilidad de lo ocurrido a la deficiencia de medios.

--No entro a valorar el caso, pero la situación en un Juzgado de lo Penal es desbordante. Solo en Cáceres entraron el año pasado 615 juicios. Para celebrarlos, se dedica toda la semana de martes a viernes y solo el lunes se dispone para atender el resto de obligaciones. Están las 1.800 ejecutorias, que tramitan tres funcionarios y el secretario, pero también hay una ingente tarea administrativa y un sinfín de obligaciones para las que no hay tiempo.

--¿Hay solución?

--Esto ya es un mal endémico. Cada vez entran más asuntos y esa avalancha de asuntos no va acompañada de medios adecuados, sino que son caducos y pobres. Aquí en Cáceres es necesario un segundo juzgado de lo Penal para repartir la carga de trabajo.