Tal y como avanzó ayer este diario, finalmente los ayuntamientos tendrán buena parte de responsabilidad en la aplicación de esta ley, tanto en lo referido a las inspecciones como a tramitación de expedientes e incluso a las sanciones.

Así lo marca el decreto publicado el pasado martes por el Diario Oficial de Extremadura (DOE), en el que el Gobierno regional fijaba las competencias que debe asumir cada Administración en el desarrollo de la normativa estatal.

A pesar de lo que se había anunciado anteriormente, el Ejecutivo no aborda en ese decreto los puntos "ambiguos" de la ley estatal que debían aclararse tal y como están haciendo en otras comunidades. La norma regional se limita únicamente a distribuir competencias y a avisar de que las infracciones muy graves podrían acarrear el cierre de un local por un periodo de hasta cinco años.

La mayoría de los alcaldes consultados han mostrado su rechazo al decreto al entender que no disponen de medios para aplicar la ley.