La comunidad educativa ya viene denunciando desde hace años que el oficio de profesor ha perdido el prestigio y la autoridad de que gozaba antaño, un toque de alerta que ha alcanzado mayor repercusión mediática en este inicio de curso después de las declaraciones efectuadas por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el ministro de Educación, Angel Gabilondo, e incluso el Rey. Los tres abogan por un amplio pacto social y político que permita reconducir la situación y que, en palabras de Juan Carlos I, contribuya a "reconocer, reforzar y prestigiar" la figura de los docentes como protagonistas indiscutibles de la enseñanza.
La Federación de Religiosos de la Enseñanza (Fere) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece) --que aglutinan a la mayoría de los centros concertados y privados de España-- manifestaron ayer su desacuerdo con la propuesta de ley de la Comunidad de Madrid para considerar al profesorado autoridad pública solo a los funcionarios, y no a "todos" los docentes.
El secretario general de Fere, Manuel de Castro, asegura que así "se desprotege a los profesores que trabajan en la escuela privada, sea ésta concertada o no". Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece) aplaudieron la propuesta, no sin considerar que ésta debería hacerse "extensiva" para evitar situaciones de "desigualdad, indefensión o injusticia" a los profesionales que ejercen en centros no estatales.
La Asamblea de Madrid aprobó ayer, con los 67 votos del PP y la abstención de PSOE e IU (53), una resolución que insta al Gobierno regional a adaptar "las medidas necesarias para reforzar la figura del profesor" mediante la remisión a esta cámara de un Proyecto de Ley de Autoridad del Profesor.
