Los extremeños han movido en el último año cerca de 3.500 millones de euros en dinero negro, casi el 2% del total nacional, que se eleva a 208.000 millones de euros, según un informe realizado por el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha). Las principales bolsas de fraude en la región se concentran en las operaciones de compra-venta protagonizadas por constructoras e inmobiliarias, en la actividad de las pequeñas empresas y en la adquisición de vehículos de lujo.
La economía sumergida aumenta de nuevo su peso en la comunidad, debido a que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido en el 2007, hasta alcanzar los 17.697 millones de euros, y las transacciones que los extremeños ocultan a las arcas públicas se mantienen en torno al 23% de ese total. A juicio de los técnicos, las medidas del Gobierno central para atajar el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social no compensan el crecimiento de la economía subterránea .
¿Quienes mueven más dinero negro en la región? Del informe de Gestha se deduce que los particulares no. Los técnicos de Hacienda miran a empresas constructoras e inmobiliarias. La evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 114,6 millones, el 13,3%, se localizan en Extremadura.
Hazce un año, Gestha ya alertó de que Extremadura es la región con mayor porcentaje de fraude en el alquiler de viviendas por parte de los propietarios. Su estimación apunta a que el 78% de los pisos arrendados no están declarados oficialmente.
En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 25.000 alquileres sumergidos en la comunidad extremeña. Este colectivo cifra en 29 millones de euros anuales, las rentas sumergidas en esta comunidad derivadas de los arrendamientos.
El estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 95,7% de las compañías asentadas en Extremadura que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros --más de 900 sociedades aproximadamente-- escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.
COCHES CAROS En tercer lugar, los técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituye también una válvula de escape para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida. Las ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron un 26% en Extremadura en 2007, según datos de Faconauto, mientras que las matriculaciones de turismos protagonizaron paradójicamente un comportamiento bajista con descensos del 4% en Badajoz y del 3% en la provincia de Cáceres.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explica que "en un momento en el que el endeudamiento de las familias españolas y su confianza en la evolución de la economía se sitúa en mínimos, la adquisición de un automóvil de lujo se ha convertido en un signo externo de riqueza que no debe desvincularse en absoluto de la especulación inmobiliaria que ha existido en estos últimos años en el mercado español ni del inusual incremento de la circulación de billetes de 500 euros".
Los técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en un 10% las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13% del PIB, lo que significaría aflorar 90.000 millones de euros y recaudar --vía impuestos-- casi 21.000 millones adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades.
Para combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, plantean una serie de medidas, empezando por habilitar a los 8.000 técnicos de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.
MAS MEDIDAS Los expertos plantean considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general. Así tributarían dentro de la base imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.
Además, plantea crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles. En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, propone que se apruebe el valor único de referencia a precios de mercado para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Otra idea es que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a Hacienda de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.
También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, plantean establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida, tal como ocurre actualmente con los no residentes.
La Agencia Tributaria, por su parte, aseguró a Efe que el volumen exacto de la economía sumergida no se puede conocer por su gran complejidad. Según Gestha, estudios de varios organismos, como el Instituto de Estudios Fiscales, el Banco de España, el Consejo Económico y Social, el Banco Mundial y la Unión Europea, sitúan la economía sumergida española en una horquilla comprendida entre el 20 y el 25% del PIB.
