El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha pedido a las dos Cajas de Ahorro extremeñas que aprueben partidas de seis millones de euros con cargo a la obra social del próximo año para cofinanciar, con la propia Junta y las diputaciones provinciales, el plan extremeño de empleo en los ayuntamientos, cuya dotación total es de 48 millones de euros. De este modo, el Ejecutivo regional aportaría 24 millones, seis cada diputación y seis cada caja. Este fondo extraordinario fue pactado por el presidente extremeño con el líder de la oposición, José Antonio Monago.

Además, Vara, que compareció al término de la reunión semanal de la Ejecutiva socialista, indicó que ha solicitado comparecer ante la Asamblea antes de final de año para analizar la situación económica. "Tal y como está el panorama, creo que es bueno que podamos debatir periódicamente la evolución, realizando análisis globales que permitan valorar la introducción de nuevas medidas", explicó. En todo caso, señaló: "Tenemos que ser muy prudentes a la hora de intervenir desde los poderes públicos en el mercado laboral para que estas intervenciones generen sólo efectos positivos".

SECTOR SERVICIOS. En dicha comparecencia se plantearían los ejes de una proposición de ley "consensuada" para ver cómo y en qué se gasta este fondo, que supondría que los ayuntamientos contratasen directamente a parados en situación de riesgo especial por haber terminado de cobrar prestación o porque en las familias no haya nadie con trabajo.

La propuesta del presidente extremeño es que, una vez que el fondo estatal de inversión en los ayuntamientos se centra en el sector de la construcción, el extremeño "de destine a otros sectores donde también se está generando desempleo, como el de servicios" .

Además, se trataría de "empleos dignos" evitando la precariedad "y con una duración mínima prefijada que tenemos que decidir de manera que al término de los contratos se haya generado protección".

En cuanto a su entrada en vigor, Vara indicó que su deseo es que se apruebe en el primer pleno parlamentario del nuevo periodo de sesiones --ya en febrero-- y que las medidas se articulen a partir de marzo o abril "porque hasta entonces los ayuntamientos estarán trabajando muy intensamente en el diseño de los proyectos que se van a financiar con el fondo estatal".

El presidente de la Junta también insistió en que las acciones del plan extremeño de contratación municipal deben estar "incardinadas en el resto de políticas de generación de empleo y ser coherentes con estas políticas para que todas sean lo más eficaces posible en estos momentos de dificultad".

COLABORACION DE LOS EDILES. Por lo que se refiere al plan de inversión estatal en los municipios, Fernández Vara explicó que la Ejecutiva socialista ha decidido que donde no gobierne este partido, los concejales del PSOE "faciliten la aprobación y tramitación de todos los proyectos para poder cumplir los plazos".

Las premisas marcadas desde la dirección regional del PSOE es que se trate de proyectos que generen "mucho empleo, tanto ahora como después, es decir, que se trate de actuaciones que una vez finalizada la fase de obra sirvan para crear puestos de trabajo".

Otra indicación realizada desde el PSOE es que "siempre cumpliendo la ley" se trabaje "con empresas extremeñas". No se trataría de que las adjudicatarias fuesen extremeñas "sino que la empresa que se quede con la licitación contrate a su vez para suministros y trabajos auxiliares a empresas del ámbito local donde se ejecuta la obra, y creemos que hay margen de maniobra suficiente para hacerlo".

A juicio del presidente extremeño, en los proyectos municipales se sacarán muchas obras de poca inversión que permitirán el procedimiento negociado. No se trataría de dejar fuera a las grandes empresas, "porque hay ayuntamientos que, por su población, recibirán cantidades mayores de dinero y elaborarán proyectos grandes donde puedan entrar estas empresas", sino de que "puesto que habrá lugar para las grandes, también lo haya para las pequeñas".

En todo caso, insistió en la necesidad de que Junta y diputaciones colaboren con ayuntamientos y Delegación del Gobierno en el desarrollo de este plan.