Mientras el paro aumentó un 8% entre agosto del 2009 y el mismo mes de este año, las prestaciones contributivas cayeron en esa misma medida. Es la consecuencia de la tendencia que viene registrando la región en los últimos tiempos y que lamentablemente no se invirtió en septiembre: cada vez hay más personas desempleadas y por más tiempo. Esto supone ya que solo uno de cada cuatro parados cobra prestación contributiva, destaca CCOO, que advierte que --según su previsión-- Extremadura perderá 373,5 millones correspondientes a las rentas de casi 23.000 personas que dejarán de percibir este tipo de ayuda y pasarán a cobrar un subsidio.

Así lo manifiesta el secretario regional de Formación y Empleo de este sindicato, Miguel Coque, quien señala que la reducción de las prestaciones contributivas viene registrándose de forma constante en los últimos meses en Extremadura. "Como ya hemos señalado otras veces, esto no ocurre porque la gente encuentre trabajo, sino por todo lo contrario, desafortunadamente. No logran empleo durante el tiempo en el que tienen derecho al paro ´normal´ y pasan a cobrar subsidios, por lo que estos aumentan de manera considerable (45%)", explica.

Sin embargo, añade que este tipo de ayudas no contributivas (subsidio o prórroga extraordinaria de 420 euros) también comienzan a agotarse. "Registran una bajada sostenida desde marzo, cuando alcanzaron el punto álgido con 46.627 subsidios, desde entonces han descendido sistemáticamente hasta los 41.310 de agosto (último dato disponible)", detalla Coque. Una evolución que coincide con la del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que registró el máximo valor de beneficiarios en marzo (10.592) y ha ido reduciéndose de forma progresiva desde entonces hasta los 6.614 de agosto.

Esto supone un importante perjuicio económico para Extremadura. De hecho, un estudio de CCOO prevé que a finales de año casi 23.000 extremeños habrán perdido la prestación contributiva, lo que supondría una pérdida de 373,5 millones de euros en rentas para la comunidad extremeña. A nivel nacional, podrían desaparecer 734.019 pagas de este tipo, con un valor de en torno a 12.000 millones.