Al Gobierno no le interesa por ahora aprobar la anunciada ley de libertad religiosa, tantas veces aparcada, porque no hay "consenso". La reforma de la norma actual, que data de 1980, es "conveniente pero no urgente" y exige "un mayor consenso político y social" que el que existe en la actualidad, ha contestado esta mañana en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al portavoz de ERC, Joan Ridao.

El republicano ha acusado al Ejecutivo de seguir la política religiosa que "marca el Vaticano" para que luego el Papa Benedicto XVI, que visitó España el pasado fin de semana, "le acuse de laicismo agresivo" y evoque "la quema de iglesias".

"Nosotros respetamos la libertad religiosa y la colaboración con la Iglesia católica. Ahí estamos y ahí seguiremos", le ha respondido Zapatero.

Agrio intercambio

Justo después, el presidente del Gobierno y el líder del PP, Mariano Rajoy, han elevado el tono de sus últimos intercambios en el Congreso a cuenta de esa prerrogativa constitucional, utilizada el pasado jueves para impedir que se votasen las enmiendas de siete formaciones en contra de la congelación de las pensiones, que le permite al Ejecutivo vetar iniciativas que impliquen aumento de gasto o disminución de ingresos. El jefe de la oposición ha acusado a Zapatero de actuar de forma "miedosa y autoritaria" al tomar una decisión "dictatorial".

Para Zapatero, este último veto, el número 78 desde que llegó a La Moncloa según las cuentas de Rajoy (Felipe González lo ejercitó en ocho ocasiones y José María Aznar en ninguna, añadió el líder conservador), se llevó a cabo por "sentido de la responsabilidad, para reducir el déficit".

Como siempre en los debates sobre las pensiones, ambos dirigentes se han acusado de haber hecho más que el otro por estas prestaciones.