Los cuatro acusados de defraudar 331.120 euros a una gasolinera y a una empresa almacén mayorista de Olivenza engordando las facturas en el repostaje de gasoil negaron el martes su implicación en los hechos, pero ayer los testigos confirmaron no solo que ese fraude existió, sino que se dio, por lo menos, desde 2008. Intuyen que también se pudo producir años antes, pero no pueden demostrarlo al no haber documentación anterior a esa fecha.
Este miércoles, los dueños de la gasolinera Puente Ajuda, representados por Javier Morales, y los de Almacenes Delgado e Hijos, defendidos por Borja Juárez, explicaron ante el juez cómo se dieron cuenta de todo. Los primeros comenzaron a notar falta de dinero en efectivo en la caja justo en los turnos donde trabajaban a J.J.A.S. y J.L.P. A raíz de esa situación, decidieron estudiar los tickets y albaranes de los que disponían. Para confirmar la estafa, contrataron a un detective privado que también declaró ayer.
La defensa, ejercida por Enrique González de Vallejo y Alfredo Pereira, argumenta que estos datos no han sido comprobados por la Policía Judicial o la Guardia Civil, por lo que consideran que no deberían tener validez, al tratarse de documentos que pueden ser alterados por los propios denunciantes. Estos últimos, por otro lado, también afirmaron que sus respectivos empleados admitieron los hechos en una serie de reuniones cuyas grabaciones forman parte de la causa.
El juicio debería terminar hoy con las conclusiones finales, pero ayer no dio tiempo a que declarasen los peritos (dos por parte de la acusación particular y otros tantos por parte de la defensa), por lo que es probable que el proceso se alargue.
