El gobierno local recurre la liquidación del trasvase

La comisión de Gobierno acordó ayer ejercer nuevamente acciones judiciales contra una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central relativa al pago de liquidación de la tarifa de utilización de agua del 2001 que debe asumir el ayuntamiento por las obras del trasvase del Almonte al Guadiloba, realizadas en 1992. Los servicios jurídicos municipales entienden que no debe hacerse frente al pago puesto que para justificar esta medida se pretende aplicar una ley con carácter retroactivo.

El portavoz municipal, Andrés Nevado, indicó que hasta el año 2000 la Ley de Aguas, en su artículo 106, estimaba que el ayuntamiento sólo debía pagar un canon si la obra estaba ejecutada al 100% por el Estado, pero no fue así porque el trasvase lo pagaron a partes iguales el Gobierno y la Junta. Todos los recursos que hasta el 2000 se presentaron fueron ganados por el consistorio, pero a partir de ese año la ley se modificó entendiendo que cualquier aportación que hubiese hecho el Estado justificaba la aplicación de la tarifa a los ayuntamientos. Sin embargo Cáceres entiende que la ley se quiere aplicar con carácter retroactivo y por eso recurre.