El PP y el PSOE continuaron ayer lanzándose la pelota unos a otros en un grotesco cruce de acusaciones después de que la falta de entendimiento entre la Junta y el ayuntamiento provocara el sábado el cierre de la carpa del Carnaval instalada en la plaza Mayor así como los locales de copas de Pizarro y La Madrila para cumplir con una resolución de horarios del gobierno regional que solo se aplicó en la ciudad de Cáceres.
El equipo de Gobierno se preguntó ayer por el motivo real por el que desde la Junta no se permitió ampliar los horarios solo en algunas zonas de Cáceres (en las zonas declaradas saturadas, es decir, en las que hay exceso de bares no se daba permiso de ampliación). "Es un auténtico contrasentido", aseveró el PP en un comunicado. Para argumentarlo, el ayuntamiento emitió una riada de papeles. Primero sacó la misma resolución del Carnaval del año pasado en la que la ampliación de horarios se hacía para toda Extremadura. El consistorio se refirió igualmente a la penúltima resolución dictada por el actual ejecutivo, relativa a las fechas navideñas, en las que tampoco se discriminaban zonas y era una ampliación genérica. "¿Si en ambas situaciones se permitió, por qué y de forma unilateral se toma esta medida para perjudicar a los hosteleros cacereños?", se pregunta el gobierno.
En cuanto a la forma en la que el ayuntamiento pidió a la Junta la excepción a su resolución, enviada el viernes, un día antes del día grande del Carnaval, y que pone en entredicho el ejecutivo regional, el gobierno local argumentó que es el mismo "tipo" de solicitud que se ha formulado para otras ampliaciones (el concierto de Fito o el Festival Irish), por lo que "no se entiende ahora que se pongan excusas o se cite a otra ciudad (Badajoz) que había solicitado la ampliación antes incluso que la Junta la hubiera publicado en el DOE, por lo que la comparación que hace la Junta es una excusa más. Lo mismo que cuando ponen en entredicho que la petición se haya realizado vía fax, puesto que en resoluciones similares sí se han atendido, o que el silencio administrativo pudiera ser válido, cuando para este asunto no lo es".
Desde el equipo de gobierno se sigue criticando que la Junta haya buscado una norma "que discrimina casi en exclusividad a una sola ciudad de Extremadura, actuando de una forma distinta a como se venía haciendo, y luego sin resolver una petición, ante una excepcionalidad como era la cláusula nueva de zona saturada, a pesar de haber recibido la petición y a pesar de los contactos telefónicos. La justificación que ahora dan es que no entró por registro, pero es que no había nadie para firmar".
Finalmente, el gobierno criticó que el portavoz del PSOE, Luis Salaya, "vaya ahora corriendo a ver a sus excompañeros, sin haber hecho nada antes". Además, se preguntó por el papel que ha jugado en todo el asunto un exconcejal socialista en Cáceres, actual jefe de servicios de Interior y Espectáculos Públicos de la secretaría general que dictó la resolución con esa excepción "y que luego no concedió la ampliación para Cáceres". Se refieren a Víctor García Vega.
La reacción
A la guerra del 'y tú más' se sumó el portavoz del PSOE, Luis Salaya, en una comparecencia de 28 minutos en la que culpó al gabinete de Elena Nevado y defendió el papel de la Junta. "Nos preocupa mucho lo que ha pasado y si hemos tardado en hablar es porque hemos esperado a tenerlo todo claro", dijo el portavoz, quien dedicó la mitad de su intervención a exponer el argumentario defendido ayer por el gobierno regional: la competencia para levantar el veto de zona saturada y decidir sobre el horario de los bares y de la carpa era del ayuntamiento.
Salaya desveló incluso que este asunto se trató el 22 de enero en la comisión de gobierno y se dejó sobre la mesa. Por eso, el concejal acusó al gobierno de "actuar o con mala fe o de concatenación de errores, un desastre que tiene padre y madre: Elena Nevado y Rafael Mateos, el concejal de Seguridad, que no ha gestionado bien esta situación que solo se aplica en Cáceres porque el ayuntamiento no solicita a tiempo una excepción a la restricción". ¿Pero qué plazo había para pedir esa excepción, el viernes estaba ya fuera de plazo? Salaya desconocía la respuesta. El gobierno municipal dijo que plazo no existía.
Salaya, que aseguró que el año que viene trabajará "para blindar el Carnaval", subrayó que el domingo por la mañana, cuando se levantó, tenía su móvil "frito de llamadas y whatsapps" de gente lamentando lo sucedido y apuntó que habló incluso con el propio presidente de la Junta, Fernández Vara, que se interesó por lo ocurrido. Asimismo, Salaya pidió al ayuntamiento que aclare por qué la policía local cierra una carpa mostrando la resolución de la Junta cuando la instalación móvil depende solo del consistorio.
Finalmente, el líder socialista exigió a Nevado más apoyo al Carnaval. "Que diga la verdad, que se disculpe, que deje de confundir porque me parece inaceptable que se cargue sobre la Junta la responsabilidad de todo esto".
