Canal de Isabel II, empresa que tiene la concesión de la gestión del agua en Cáceres, ha sacado a licitación un contrato de asistencia técnica para elaborar un informe pericial que, entre otras cuestiones, tendrá que recoger una propuesta de revisión tarifaria.

Desde el pasado mes de abril Canal de Isabel II puede solicitar al ayuntamiento una revisión de la tarifa que pagan los usuarios para mantener el equilibrio económico financiero de la concesión. Lo puede solicitar porque ya han pasado cuatro años desde la fecha de inicio del contrato de concesión, en abril de 2015.

Canal de Isabel II ya pidió una revisión en mayo de 2016, cuando acabó el primer año de la concesión, y en julio de 2018, cuando ya había acabado el tercero. En ambos casos se cerró con un déficit según los datos de la empresa. El primer año fue de 1,5 millones. El ayuntamiento no aceptó la revisión tarifaria porque tenían que pasar cuatro años desde el inicio de la concesión. Canal no ha cuantificado el déficit total de los cuatro primeros años de la concesión, aunque fuentes consultadas por este diario indicaron que el déficit del primer año se ha mantenido en los siguientes y que las pérdidas acumuladas estarían en torno a los seis millones de euros.

El ayuntamiento adjudicó el contrato a Canal de Isabel II con unas condiciones y datos puestos por el consistorio en el pliego del concurso. En base a los mismos Canal presentó su oferta. Si esas condiciones cambian o no se cumplen por razones no imputables al adjudicatario y esto afecta a la economía de la concesión, la empresa puede pedir que se restablezca el equilibrio económico y esto se puede hacer por dos medios: subir la tarifa o con cargo al presupuesto del ayuntamiento.

En el informe pericial también se tienen que verificar los costes reales del servicio entre los años 2015 y 2019 e identificar los repercutibles en la tarifa que pagan los usuarios, además tendrán que identificarse los costes sobrevenidos. También se deberá verificar la facturación real en los primeros cuatro años de la concesión.

Otro aspecto a analizar y determinar en el informe son los supuestos económicos que fueron considerados básicos en la adjudicación del contrato y si los mismos se han cumplido y mantenido, Después de analizarlo, los autores del informe pericial deberán cuantificar el impacto económico sufrido por la empresa por el desequilibrio económico causado a la misma por la falta de mantenimiento de esos supuestos económicos.

Dos ejemplos. Según las condiciones que sirvieron para adjudicar el contrato a Canal, en el primer año se tenían que haber facturado 7.311.983 metros cúbicos de agua, con esta cantidad hizo la empresa su oferta, pero al final fueron 6.615.599 metros cúbicos. El otro ejemplo es que los costes de personal que había en 2010, cuando se sacó a concurso la gestión del agua y la empresa hizo su oferta económica, eran distintos y mayores en 2015, cuando la empresa empezó a prestar servicio.

Lo que hará Canal de Isabel II con este informe es armarse de argumentos para defender ante el ayuntamiento la revisión de la tarifa a causa de que las condiciones que puso el consistorio cuando sacó a licitación la gestión del agua no se han cumplido en su totalidad.

En un informe que el ayuntamiento encargó en 2018 de actuaciones de control financiero sobre el funcionamiento del servicio de abastecimiento y depuración de agua se concluía que en el ejercicio de 2017 hubo más ingresos que gastos. Canal de Isabel II presentó alegaciones porque los costes que se cuantificaban en este informe estaban incompletos.

Canal inició en 2015 su segunda etapa al frente del servicio del agua. La anterior fue entre los años 1995 y 2012. En el pliego técnico de la licitación del informe pericial que contratará Canal se hace una estimación de las cantidades pendientes de compensar a la empresa por los resultados de las anualidades de 2008, 2009, 2010 y 2011. La cifra asciende a 3,5 millones de euros que adeudaría el ayuntamiento. Los autores del informe pericial tendrán que verificar estas cantidades y su efecto en la tarifa.

La tarifa del agua no se modifica desde 2012, cuando se inició la gestión de Acciona, que estuvo al frente del servicio entre 2012 y 2015.