La antigua inquilina del local de San Jorge estudia si es legal su uso por la fundación
Ya han comenzado las obras para ampliar la cafetería contigua
La antigua inquilina del local de San Jorge de la capital cacereña estudia ahora si es legal que estas dependencias (en realidad son dos locales que funcionaban de manera conjunta) estén siendo utilizadas por la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero para ampliar la cafetería que tiene en este mismo espacio y que abrió en 2015.
El ayuntamiento, entonces gobernado por la popular Elena Nevado, comunicó a la que regentaba los locales a finales del año 2014 que su contrato había finalizado y que no se iba a prorrogar. Gestionaba una negocio de ‘souvenirs’ que había heredado de su madre y la tienda llevaba prestando sus servicios a los turistas desde hacía casi medio siglo.
Mediante concurso público el ayuntamiento adjudicó todos los locales de la plaza de San Jorge a la Fundación Mercedes Calles para que pusiera en marcha la cafetería ‘Jardines de Ulloa’ que abrió en el año 2015. Todos esos locales estaban ya vacíos salvo estos dos. Comenzó entonces un periodo de litigios que no terminó hasta el mes de septiembre del 2018, cuando se ejecutó el desahucio a la inquilina. Los tribunales dieron la razón al ayuntamiento.
Sin embargo aquí no terminó todo. Los dos locales pasaban directamente a pertenecer a la fundación que solicitó entonces que el periodo de adjudicación no comenzara a contar hasta el año 2018, cuando pudo utilizar estos dos locales. Esto supondría una prórroga de tres años en el contrato (la concesión de explotación del negocio es de 15 años). El contrato quedó entonces en el aire y ha sido la nueva corporación, y en concreto el área de Urbanismo liderada por el concejal José Ramón Bello, el que lo ha desenquistado el problema. Los informes de la secretaría general eran contrarios a que se concediese tres años más en la prórroga así que, tras una negociación, la fundación acepta y firma el contrato en agosto del pasado año. Las obras de ampliación no han comenzado hasta hace unos días. El canon anual es de 16.600 euros.
Ahora el abogado de la antigua inquilina, Antonio Rubio, estudia si es legal que dichos locales fueran adjudicados a otra persona mientras aún estaban en uso. El ayuntamiento dice que sí.
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