De los datos que el gobierno municipal lanzó el jueves sobre el estado financiero del ayuntamiento destacó el incremento que se produce en los derechos de cobro que tiene el consistorio. Son aquellas partidas de ingresos, en su mayoría son previsiones recogidas en los presupuestos, que están reconocidas como un derecho, pero que todavía no se han recaudado. En su mayoría se trata de impuestos, tasas y multas y son derechos acumulados de varias anualidades.

Estas obligaciones pendientes de cobro aumentan en más de cinco millones de euros con respecto al último día de 2019, según las cantidades que avanzó el alcalde, Luis Salaya. Eso supone que al cierre del 2020 se tenían pendientes de ingresar cerca de 40 millones de euros. No había unos números tan elevados en este apartado desde 2010. Este resultado influye en que el superávit de tesorería a fecha de 31 de diciembre de 2020 superase los 10 millones de euros. Es una de las variables para cuantificar el remanente.

En este aumento de los derechos de cobro aún no recaudados ha incidido que parte del impuesto de Construcciones de las fotovoltaicas presupuestado para 2020 no se había ingresado en las arcas locales al cierre de 2020, aunque, según lo precisado por Salaya en el pleno que la corporación local celebró el pasado jueves, se habría recaudado en las primeras semanas de 2021. El origen de toda esa deuda pendiente de ingresar se difundirá cuando se lleve la liquidación del ejercicio de 2020 a la comisión informativa de Economía.

En el cierre de 2019 se alcanzó una deuda pendiente de cobro de 33,7 millones de euros, aunque una parte, más de cuatro millones, era de deudores no presupuestarios. El resto procedía en su mayoría de impuestos, tasas y multas cuyo ingreso estaba reconocido por el ayuntamiento, pero que todavía no se habían recaudado. En la liquidación del ejercicio de 2019 había datos muy llamativos de derechos aún pendientes de cobro de ejercicios anteriores. Así al cierre del citado año todavía no se habían recaudado 118.000 euros de multas del 2018, 2,1 millones del impuesto de Plusvalía generados en el mismo año o 1,6 millones del IBI urbano.

Más llamativo aún era que en ese listado había derechos reconocidos de ejercicios anteriores al 2010, entre éstos había 208.000 euros del impuesto de Construcciones del 2007 y otros 102.000 euros del mismo impuesto del 2009.

Para que estas deudas que el ayuntamiento tiene pendiente de recaudar no alteren los resultados de las cuentas locales, una parte de las mismas se consideran de dudoso cobro, al cierre del 2019 eran más de un tercio del total. En la liquidación de 2020 toda la deuda de 2014 y la anterior a este año se considerará de dudoso cobro, lo mismo que un porcentaje de la de ejercicios posteriores. Este débito no se cuantifica en el cálculo definitivo del remanente de tesorería.

SUPERÁVIT / De los 10,4 millones del remanente de tesorería para gastos generales con el que se cerró 2020 se habló ayer en las intervenciones públicas de los portavoces del gobierno local, Andrés Licerán, y del PP, Rafael Mateos. El primero que habló fue Mateos para asegurar que este remanente tan elevado, que supera en más de 4 millones el dato con el que se cerró 2019, es producto de la falta de acción del gobierno de Salaya.

Hace un mes y medio el grupo municipal del PP, con María Guardiola, exconcejala de Economía, y Elena Manzano, profesora universitaria de Derecho Financiero y Tributario, ya había adelantado que el remanente de tesorería sería muy elevado. Mateos, en declaraciones recogidas ayer por Europa Press, volvió a reclamar que con cargo a este remanente se incremente el programa de ayudas a pymes y autónomos.

Licerán respondió a Mateos que este programa se mantendrá en los tres millones anunciados por el gobierno, ya que otra parte del remanente va a ir a la financiación de inversiones. Licerán recordó que 1,6 millones son para el pago de las certificaciones de la obra de la ampliación de los campos de fútbol de Pinilla. Salaya apuntó el pasado jueves que otros 1,9 millones de este remanente serán para financiar inversiones de movilidad y accesibilidad.

El resto del remanente de tesorería para gastos generales se reservará para dotar de más crédito a las ayudas de primera necesidad que concede el ayuntamiento. Con los datos dados cuando se presentó el presupuestos de Asuntos Sociales, esta partida se acabará antes de fin de año con el ritmo de ayudas que se están dando.