LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS
El contrato de la basura de Cáceres tendrá un coste anual de 10 millones
La concesión actual del servicio está en periodo de prórroga desde hace casi un año. Ni el Estado ni la Junta se pronuncian sobre el expediente del ayuntamiento. Se sigue con el proceso con la misma estructura publicada el pasado verano

Un trabajador del servicio de limpieza en una foto de archivo. / Francis Villegas

La comisión informativa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres dictaminará en su sesión de mañana la aprobación de la estructura de costes del contrato de concesión de la recogida de residuos y limpieza viaria, unos costes de casi diez millones de euros que saldrán del presupuesto municipal. Lo cierto es que esta estructura se pudo aprobar hace casi un año, que es el tiempo que el expediente ha estado yendo y viniendo a la comisión jurídica de Extremadura, al Comité de Precios de Contratos del Estado y a las juntas consultivas de Contratación del Estado y de la Junta sin que ninguno de estos órganos se considere competente o haya emitido informe. A la junta autonómica se le ha pedido hasta dos veces, tras la última vez ha pasado el plazo máximo de tres meses para la emisión del informe.
Este contrato es uno de los más importantes sobre los que tiene que decidir el ayuntamiento. Se tuvo que haber resuelto hace un año, por lo que por ahora sigue prorrogado el contrato actual con Conyser, que es la empresa que ganó la licitación en el año 1996, para no dejar a la ciudad sin este servicio. La legislación estatal obliga al ayuntamiento cacereño a elaborar una estructura de costes, que se ha redactado tras la consulta con cinco grandes operadores del sector, y a que posteriormente la misma fuera informada por el Comité Superior de Precios de Contratación del Estado o el órgano consultivo similar de la Junta de Extremadura. El informe es preceptivo, pero nadie ha querido informar.
Para poder continuar con el procedimiento, cuya resolución lleva casi un año de retraso, los servicios jurídicos del ayuntamiento han informado de que la legislación estatal no califica ni de vinculante ni de determinante el informe preceptivo que tiene que emitirse; y dado que el mismo no se ha recibido, pese a que se ha solicitado, puede continuarse con el procedimiento una vez que el pasado 26 de abril finalizó el plazo de tres meses para la emisión del informe. El acuerdo del jueves de la comisión tendrá que ser refrendado por el pleno de la corporación.
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