Pitadas y forcejeos en el pleno municipal durante la protesta de los ganaderos de la Fundación Valhondo de Cáceres

Unos 26 ganaderos de las fincas de la Fundación Valhondo de Cáceres han protagonizado una sonora pitada en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres al conocerse la intención de sacar a subasta todas las fincas de la fundación (las primeras serán Casa Solilla y La Alberquilla).

Desde tiempo inmemorial, las tierras han sido explotadas mediante el régimen de arrendamiento por estos ganaderos, que aseguran que se quedarán sin trabajo de producirse la subasta porque no podrán pagar el alto precio .

Los manifestantes han llegado al salón de plenos con camisetas en las que podía leerse Salaya traidor y han sido disueltos por la Policía Local.

En la protesta estaba presente el presidente de Asaja, Ángel García Campos, que ha mostrado los moratones que ha sufrido tras el forcejeo con los agentes.

David Nevado, uno de los arrendatarios, ha explicado que este año se sacarán a subasta La Alberquilla y Casa Solilla, pero que según vayan venciendo los plazos irán las siguientes. "Después de toda una vida pagando religiosamente, no nos parece justo, porque siempre hemos negociado". Nevado ha subrayado que la fundación dispone de numerosas fincas y que las familias están distribuidas por todas ellas y las llevan en arriendo con ganado.

El arrendatario ha remarcado que es la fundación la que la sacará a subasta, una institución presidida por el subdelegado del gobierno y que tiene como patronos al ayuntamiento y la diputación. "Si se sacan a subasta, pedirán una barbaridad y nos quedaremos sin empleo, nos veremos obligados a malvender el ganado y todos a la calle".

Desde hace semanas los afectados han mantenido reuniones con la fundación, pero según Nevado, "en un mes se ha hecho todo". Por esta razón, los ganaderos han decidido iniciar las protestas. "Llevamos desde los años 50 trabajando, con don Fernando Valhondo, antes de que se creara la fundación. Nuestros abuelos ya estaban allí y nosotros hemos seguido su estela".

Por su parte, el presidente de Asaja ha recordado que la Fundación Valhondo tiene un capital inmobiliario "inmenso" en Cáceres y en la provincia, del que destacan más de 6.000 hectáreas rústicas.

"Han tomado la decisión de expulsar de sus fincas a 24 agricultores y ganaderos, y no sabemos con qué intención".

García Blanco ha aseverado: "Entendemos que serán los amigos del señor Salaya los que empiecen a ocupar las fincas". Y ha concluido apuntando que el proceso de expulsión concluirá en 2025. "Es increíble -ha sentenciado- cómo van a poner en la calle a 24 familias".

Momentos de tensión

Durante el inicio del pleno se han vivido momentos de gran tensión. El salón, abarrotado por las familias, algunas con bebés en sus carritos y armadas con sus silbatos, han comenzado la protesta en el momento en el que el alcalde ha ocupado su asiento para presidir la sesión. En ese instante, Salaya ha pedido cinco minutos de receso y del pleno han salido todos los concejales del equipo de gobierno, los de Podemos y el edil no adscrito y ex concejal de Vox, Teófilo Amores. El resto, PP, Ciudadanos y sus ex concejales Francisco Alcántara y Mar Diez. 

En el salón ha entrado rápidamente un policía local, que al ver cómo estaba la situación, con los manifestantes tirados literalmente en el suelo, ha llamado por el móvil para pedir refuerzos. Minutos después, más agentes se personado en el lugar y han desalojado el salón. Ha sido especialmente llamativo que al presidente de Asaja lo han sacado a rastras desde el salón de plenos hasta el despacho de antesala de la alcaldía, donde ha seguido resistiéndose. Cuando ha cesado en su actitud, se ha sentado en un sillón y ha escenificado, con suspiros, el dolor que sentía. Seguidamente, y ante las cámaras de este diario, se ha levantado la camiseta y ha mostrado un moratón que presentaba debajo de la axila, presuntamente ocasionado tras el forcejeo con la policía. Finalmente, los agentes han solicitado el DNI a los manifestantes que al menos durante 20 minutos han continuado su protesta a las puertas del ayuntamiento por la plaza de las Piñuelas, donde también han sido disueltos. La sesión, en la que se han aprobado los presupuestos municipales, ha continuado con normalidad.

La respuesta de Salaya: "Palos, ninguno"

El alcalde, Luis Salaya, ha aclarado al término municipal que no es el Ayuntamiento de Cáceres el que ha adoptado esta decisión sino la Fundación Valhondo Calaff, que preside el subdelegado del Gobierno, José Antonio García Muñoz. Salaya, ha dicho, eso sí, que esta decisión de sacar las fincas a subasta se aprobó por unanimidad y que lo que se ha hecho es "dar cumplimiento a la ley, sacar a concurso unos terrenos, que tienen que salir a concurso, y hacerlo público con luz y taquígrafos".

El regidor sí lanzó un mensaje a los manifestantes: "Igual que han venido a manifestarse aquí se podrían manifestar en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, porque también pertenece a ese patronato su presidenta; se podrían manifestar en el Rectorado de la Universidad porque igualmente pertenece, o en la Subdelegación del Gobierno donde además el presidente es el subdelegado."

Sobre por qué después de 50 años de explotación de sus fincas estas salen a subasta ahora, el alcalde ha manifestado que no sabe el motivo, pero que sí es sabedor de que "el patronato ha tenido voluntad de dar cumplimiento a la ley en todo momento y aquí lo único que se hace es dar cumplimiento a las garantías mínimas de transparencia, pero esto deberá contestarlo más la Fundación Valhondo". Este periódico ha contactado con la Delegación del Gobierno en Extremadura para conocer su parecer y ha respondido que el subdelegado cacereño, "por el momento", "no hará declaraciones".

A juicio de Salaya la manifestación en el consistorio "no buscaba más que darle un carácter más político a un conflicto que no es político, ni mucho menos".

El mandatario municipal sí ha defendido de modo contundente la actuación de la policía local, "que hemos podido ver en primera persona, que ha sido incuestionablemente medida, proporcional y lo más tranquila posible. Lo que no vamos a aceptar en ningún caso es que se refiera nadie a la actuación de la policía local, como está sucediendo en las últimas horas, como que se ha desalojado a los ganaderos a palos. Palos, ninguno. Porque aquí no ha sacado la porra nadie. Se ha desalojado a los ganaderos con todo el cuidado posible".

Respecto a la manifestación en el pleno, Salaya ha subrayado que "aquí se escucha a todo el mundo, que en los plenos se puede pedir la palabra y se puede intervenir, que en la puerta del ayuntamiento se lleva manifestando Vox, sin ir más lejos, muchos meses, y nunca hemos dicho ni pío. Hemos venido, hemos atravesado la manifestación, hemos hablado con quien ha querido hablar con nosotros. Lo que no se puede consentir en ningún caso -ha argumentado- es interrumpir el debate democrático, intentar que el pleno no pueda seguir adelante y evitar que los concejales puedan ejercer sus funciones de representación, que es para lo que están aquí".

A juicio del alcalde, lo que han hecho esta mañana los manifestantes "es una barbaridad. Entre otras cosas porque no solo porque no es competencia del ayuntamiento sino porque existen los foros e incluso se da la curiosa situación de que en este pleno se puede intervenir el público también".

En cuanto a las consecuencias de la protesta, Salaya ha considerado "que cuando se busca notoriedad de estas formas, cuando se intenta instrumentalizar a unas familias que seguramente tienen cierta incertidumbre ahora (y nosotros empatizamos con esa incertidumbre y con esa situación) lo último que hay que darle es mucho más bombo. Nosotros, en principio, no hacemos nada. Otra cosa es que se considere que ha habido, o no, resistencia a la autoridad o que se ha hecho lo que no se debería hacer. No hay nada concreto. Lo que sí es clave es que, efectivamente, cuando alguien interrumpe el pleno y, sobre todo, cuando se hace de esta forma, con la intención de que el pleno no pueda continuar, se identifica a los manifestantes por si pudieran incurrir en algún delito o falta".

Salaya ha reiterado que, en este caso, "solo podemos defender la actuación de la policía". Y ha insistido en que le "sorprende mucho" cuando lee que "se ha desalojado a los manifestantes a palos, que ha habido un exceso. Es que la policía ha actuado de forma intachable, con mucho cuidado, además con todo el cuidado de sacar a los manifestantes uno a uno, de hacer el daño mínimo posible. No se ha sacado una porra en el salón de plenos. Así que palos ninguno. Otra cosa ya es el comportamiento concreto de alguna persona en este asunto, que tampoco ha sido algo tan general. Nosotros, por la parte que nos toca, hemos vuelto a colocar las mesas que ha arrastrado un manifestante al irse y hemos continuado con el pleno", ha concluido Salaya en clara alusión al presidente de Asaja.