Los condenados del caso Atrio recurrirán la sentencia «lo antes posible»

«Lo antes posible». En estos términos se expresó este lunes la abogada de los ya condenados por el caso Atrio, Sylvia Córdoba, en relación al plazo para recurrir la sentencia. Según marca la ley, tienen diez días hábiles desde que se les notifica el dictamen para presentar el escrito de apelación ante una instancia superior, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Por tanto, si la resolución fue notificada el pasado lunes, la letrada tiene como fecha máxima este viernes para solicitar al tribunal que revise la sentencia con la que ha manifestado un total desacuerdo. Córdoba, de hecho, pide que sean absueltos porque según defiende, tanto Priscila Lara Guevara como Constantin Dumitru han sido condenados en base a «indicios» y no a «pruebas claras». 

Tras un juicio intenso que se prolongó durante tres jornadas, la Audiencia Provincial de Cáceres sentenció a los dos acusados a cuatro años y medio (Dumitru) y cuatro años (Priscila) de prisión. También les condenó a pagar a la aseguradora los 750.000 euros con los que la empresa ha indemnizado a los dueños de Atrio por las botellas robadas. 

En un principio los 45 vinos fueron valorados en 1,6 millones de euros, el más caro el Chateau d’Yquem de 300.000 euros. En un informe posterior que presentó la aseguradora y que incorporó a la instrucción a última hora, cifra el valor de las botellas de lujo en 750.000 euros. 

Los dos acusados llevan ya siete meses en prisión desde que fueron detenidos cuando intentaban cruzar la frontera de Croacia. Fueron repatriados a España y más tarde trasladados a Cáceres para prestar declaración ante la jueza, que decretó su ingreso en prisión provisional hasta el juicio. 

Tras la vista, su abogada volvió a solicitar que se les pusiera en libertad hasta que la sentencia fuera firme pero este extremo fue denegado por la Sala de la Audiencia Provincial. La letrada defensora ha considerado que el dictamen es «desproporcionado» y aseguró que se habían vulnerado «derechos fundamentales» de sus defendidos durante la instrucción, algo que descartó el tribunal. 

Los magistrados ajustaron su sentencia a la petición que hizo la fiscalía desde un principio y defendieron en su resolución que hay indicios concluyentes para considerar autores del robo a Dumitru y Priscila debido al ADN, las cámaras, los registros de llamadas y los testimonios.

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