La alemana E.ON no podrá comprar Endesa, la primera eléctrica española, sin la autorización previa de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Así lo establece un decreto ley que ayer aprobó el Gobierno y que entrará en vigor el martes. El ministerio de Industria y la oficina económica de la Moncloa terminaron su redacción ayer.
La reforma de la función 14 en su punto tres --destinada a analizar el impacto de estas operaciones en actividades reguladas--, establece que "la autorización de la CNE podrá ser solicitada una vez acordada la adquisición de una empresa, pero dicha adquisición sólo será eficaz una vez obtenida la autorización" de la comisión. Si la compra se produce por medio de una OPA, el comprador deberá obtener dicha autorización con carácter previo a la autorización de la oferta".
La norma incluye una disposición transitoria por la reforma que afecta a los procesos de ofertas en curso (el caso de E.ON), pero no a las OPA que "con anterioridad ya hubieran obtenido la autorización de la CNE", como es el caso de Gas Natural.
El secretario general de Industria, Antonio Fernández, y Pedro Marín, uno de los hombres del equipo de Miguel Sebastián, explicaron que la norma se inspira en la ley belga y la acción de oro --derecho de veto del Gobierno sobre empresas estratégicas, que está en fase de extinción-- que, en la practica, el Gobierno alemán tiene sobre E.ON.
CENTRALES NUCLEARES La reforma considera una actividad regulada la compra de participaciones en empresas que tienen "centrales térmicas nucleares, de carbón con especial relevancia en el Plan de Minería y Carbón, o que se desarrollen en los sistemas insulares y extrapeninsulares". La autorización también se requerirá cuando "se pretenda la adquisición de un porcentaje superior a un 10% del capital social o cualquier otro que conceda influencia significativa".
Junto al decreto ley sobre la CNE, el Gobierno aprobó ayer otras normas con el objetivo de impedir al gigante alemán la compra de Endesa y por el interés nacional, según el ministro de Industria, José Montilla.
Según Montilla, antes "el Estado disponía de otros resortes, como la participación pública en las empresas o la acción de oro ". "No pretendemos introducir restricciones a la competencia" sino tomar medidas similares a otros países de la UE, dijo.
El secretario de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, afirmó ayer que los acuerdos anunciados ayer tras el Consejo de Ministros "vulneran la seguridad jurídica" y han sido adoptadas ad hoc para este caso.
