Mientras el Gobierno comienza a buscar aliados que apoyen en el Parlamento --o se abstengan, como parece que al final hará CiU-- el decreto que recorta el gasto público, UGT y CCOO ven cada vez más razones para una huelga general. Además de considerar "injusto" que la crisis financiera la paguen los funcionarios y los pensionistas, los sindicatos acumulan otra serie de agravios.
La próxima semana será clave para saber si las frágiles relaciones entre el Ejecutivo y las centrales llegan finalmente a romperse. Habrá nuevas reuniones entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios sobre la reforma laboral, pero si no hay acuerdos importantes --impulso al empleo de los jóvenes, reducción de jornada a cambio de despido o impulso de los servicios públicos de empleo--, el Gobierno echará mano de nuevo del decreto.
Una decisión unilateral como esta por parte del Gobierno "será motivo más que suficiente para una huelga general", replicó con dureza Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que cargó sobre los sindicatos las consecuencias derivadas de la falta de acuerdo.
La presión sindical irá en aumento hasta el 8 de junio, fecha del paro total de los servicios públicos. Es el termómetro del que se fiarán CCOO y UGT. Por eso Ferrer pidió que ese día "las calles de todo el país se inunden contra el decretazo" aprobado el pasado jueves. "Un escenario de huelga general no deja de ser un drama, aunque a veces sea necesaria", afirmó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Las razones son las conocidas --el recorte social creará más paro, ralentizará la recuperación económica y solo perjudica a los asalariados públicos--. Por eso, insisten en pedir una reforma de la fiscalidad.
Tanto Ferrer como Toxo reclamaron a Zapatero hablar "en serio" de impuestos y no por "pura estética" como, en su opinión, ha hecho el Gobierno en los últimos días.
