El Congreso acuerda penalizar a los bancos con más dictámenes en contra del Defensor del Cliente

Los grupos parlamentarios que tramitan la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero han acordado este martes penalizar a los bancos, aseguradoras, sociedades de valores y demás empresas financieras que reciban más pronunciamientos en contra por parte del organismo. El PSOE -en coordinación con el Ministerio de Economía- ha encabezado un pacto para introducir una enmienda al proyecto del Gobierno para que estas entidades tengan que contribuir en mayor medida que el resto a financiar el organismo. 

La iniciativa consiste en modificar la tasa de 250 euros por reclamación con que estaba previsto que las entidades financiaran la nueva autoridad, aunque manteniendo que acudir al organismo sea gratuito para los afectados. Así, el 40% del coste de funcionamiento de la institución se repartirá proporcionalmente al número de reclamaciones resueltas de cada entidad financiera respecto al total de reclamaciones resueltas, mientras que el 60% restante se repartiría proporcionalmente al número de dictámenes favorables a los reclamantes de cada entidad respecto al total de fallos favorables a los clientes. Se estimará una cantidad global anual de ingresos provisionales, que se liquidará definitivamente en el mes de abril del año siguiente, una vez conocidos los gastos definitivos de la Autoridad.

Otro aspecto clave del proyecto que se ha acordado modificar es el del acceso a los tribunales. En el proyecto del Gobierno, las entidades y los clientes podían recurrir las resoluciones de la Autoridad o por vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional en el caso de las vinculantes, o por vía civil en el caso de las no vinculantes. Había dudas sobre su encaje legal, como han advertido entre otros el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, y finalmente se van a llevar todos los recursos a la vía civil mediante un procedimiento abreviado y prioritariamente por escrito.  

Se mantienen los 20.000

Asimismo, se negocian mejoras en la normativa que regula las cuentas de pago básicas (las que las entidades están obligadas a conceder a colectivos vulnerables como inmigrantes sin permiso de residencia). En cambio, y salvo cambio de última hora, finalmente no se va a rebajar el importe reclamado por debajo del cual las decisiones de la nueva autoridad van a ser vinculantes para las entidades (no para los clientes). El proyecto de ley del Gobierno lo fija en 20.000 euros, lo que cubre en torno al 95% de las reclamaciones bancarias actuales, y en principio se va a dejar en ese umbral, pese a que en las últimas semanas se habían mantenido conversaciones para reducirlo.

La comisión de economía de la cámara baja se volverá a reunir este jueves para debatir y votar las últimas enmiendas que quedan abiertas y dar luz verde al proyecto, que en principio será votado por el pleno del Congreso la semana que viene. Entonces irá rumbo al Senado y, si en esta cámara también se introducen enmiendas, el texto volverá entonces al Congreso para su aprobación definitiva. En el Ministerio de Economía se confía en que la creación de la Autoridad reciba la luz verde definitiva antes del verano. 

Tasa polémica

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya se abrió en principios de marzo a modificar la tasa, que desde el principio ha generado dudas respecto a su encaje en la ley de tasas y precios públicos de 1989. Desde distintos ámbitos -como el Banco de España, el CGPJ o las patronales financieras- se viene advirtiendo desde abril del año pasado de que la tasa fija de 250 euros por reclamación admitida podría suponer un incentivo perverso, ya que las entidades podrían aceptar toda reclamación inferior a esa cantidad porque les sería más barato, lo que a su vez podría causar una ola de reclamaciones.

La oposición, de hecho, hizo hace unas semanas piña para rebajar la tasa. Así, PP, PNV, Cs, Junts y PdeCat instaron a rebajarla a entre 100 y 50 euros, según el caso, además de proponer distintas fórmulas para que las entidades no tengan que pagar toda o parte de la tasa en caso de que el nuevo organismo les dé la razón y dictamine en contra del cliente. PSOE y Unidas Podemos no hicieron ninguna propuesta de modificación inicialmente, pero se trataba de una estrategia para no revelar sus cartas de cara a la negociación de las enmiendas que se ultima esta semana.