Tras el anuncio del alto el fuego de ETA, cinco personas del ámbito de la política, la judicatura y la universidad, residentes en las provincias de Guipúzcoa y Alava, han decidido prescindir del servicio de escolta que tenían asignado ya fuera por la Administración vasca o por la central. El dato lo proporcionó el presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), Vicente de la Cruz, quien advirtió de que el alto el fuego puede ser "una tregua trampa" de los terroristas para "recuperarse".

En Alava han sido dos políticos de distintos partidos los que han optado por prescindir de esta protección, mientras que en Guipúzcoa la decisión de comenzar a salir a la calle sin la compañía de los escoltas la han tomado un concejal del PSE, un fiscal y una personalidad del ámbito universitario.

Los profesionales de la seguridad temen que en los próximos días se produzca "una auténtica desbandada" y numerosos amenazados opten por abandonar la protección, animados por el anuncio de ETA. Sin embargo, advierten de lo peligroso de una decisión de ese calado, no por el riesgo de sufrir un atentado, sino por las amenazas, insultos e, incluso, agresiones que pueden sufrir por parte de los jóvenes de la izquierda aberzale.

SIN CAMBIOS El Ministerio del Interior descarta introducir variaciones en la política que ha mantenido hasta el anuncio de ETA en relación con los amenazados, informaron fuentes del departamento que dirige José Antonio Alonso. Unas 1.900 personas tienen asignado un servicio de escolta y, de ellas, un millar residen en el País Vasco y Navarra. En estas dos comunidades, prestan escolta a los amenazados alrededor de 600 policías y guardias civiles. El resto son miembros de la Ertzaintza o profesionales privados cuyos servicios sufragan los Gobiernos central y vasco. El Ejecutivo de Juan José Ibarretxe tampoco tiene previsto por ahora retirar estos servicios de protección. En Euskadi hay 1.800 escoltas privados, 700 en Navarra y aproximadamente 800 en Madrid.