Cuarenta y seis magistrados del Tribunal Supremo han firmado un manifiesto en el que tildan de "intolerables" las "presiones" políticas en el "caso Mari Luz" y piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no atienda a las demandas de una sanción "ejemplarizante" para el juez Rafael Tirado.

El texto no ha sido firmado por ninguno de los 34 magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo, que previsiblemente tendrá que resolver sobre la sanción a Tirado -multado por el anterior CGPJ con 1.500 euros y para quien la Fiscalía pide dos años de suspensión-, pero sí ha sido suscrito por 46 de los 60 jueces que integran las otras cuatro salas del alto tribunal.

En el manifiesto, que justifican en el "estado de opinión" creado en torno al expediente a Tirado y las "manifestaciones inaceptables de relevantes sujetos públicos" sobre el caso, los magistrados manifiestan que respetar la autonomía del CGPJ es un deber constitucional y que esto "hace intolerable todo intento de ejercer presión sobre el mismo con el fin de predeterminar su criterio".

Añaden que, a la hora de revisar la sanción, el Consejo deberá valorar "la real situación de personal, medios y carga de trabajo del Juzgado" de Tirado, así como su dedicación, "desatendiendo, por tanto, eventuales demandas sociales o políticas 'justicialistas' y de 'ejemplaridad', debidas a motivos de oportunidad".

Entre los firmantes hay magistrados progresistas y conservadores, pero sólo un presidente de sala: el de la de lo Social, Gonzalo Moliner.