El argumento principal que sostiene el Gobierno en la impugnación formal ante el Tribunal Constitucional de la ley de consultas y la convocatoria del 9-N aprobada ayer por el Consejo de Ministros sostiene que la consulta es, en realidad, un "auténtico referéndum" que tiene como objetivo iniciar un "verdadero procedimiento electoral entero, incluyendo sus elementos característicos (periodo electoral, publicidad institucional, publicidad electoral...)". El escrito de impugnación recoge que la autorización de referéndums es una competencia exclusiva del Estado y por lo tanto, considera a la ley aprobada por el Parlamento catalán es contraria a la Carta Magna.

El Gobierno sostiene en su recurso que la consulta del 9 de noviembre "atenta contra la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español, y contra la unidad de la nación española recogida en la Constitución". "Una reforma constitucional que conlleve un cambio sustancial del modelo de Estado ha de ser producto de una decisión del pueblo español, titular de la soberanía nacional, y debe hacerse con el más absoluto respeto a los principios de la propia Carta Magna", señala el escrito del Ejecutivo central, que invoca hasta cinco sentencias distintas del Tribunal Constitucional --como la que anuló la declaración de soberanía-- que dictaminan que "autonomía no es soberanía".

El documento aprobado por el Consejo de Ministros también aprecia anticonstitucionalidad en la ley de consultas porque en ella se regulan consultas supramunicipales, comarcales y provinciales, pese a que solo estarían habilitadas las consultas locales. Además, el Ejecutivo del PP argumenta que no se recoge la autorización previa del Gobierno, y que también se infringe el régimen de convocatoria establecido en el artículo 71 de la ley reguladora de las bases del régimen local. Por ello, el Gobierno solicita al Tribunal Constitucional que suspenda las "actuaciones de preparación" de la consulta, pero también "cualquier actuación" que esté vinculada a esta.