El Tribunal Constitucional acordó ayer en un tiempo récord la suspensión de la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9-N por "la trascendencia constitucional y política" del desafio catalán "para la sociedad española en su conjunto y en particular para la catalana". El acuerdo se adoptó solo siete horas después de que el Gobierno registrase sendos recursos en esta sede judicial y dos días más tarde de que fueron publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Los magistrados, además, dejaron sin efecto todos los actos de preparación de la consulta.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció, en una comparecencia de prensa, la presentación de los recursos que justificó porque "una parte no puede tomar decisiones sobre todos". La Abogada general del Estado, Marta Silva, ejecutó el mandato del jefe del Ejecutivo central y acudió a la sede del alto tribunal donde registró las demandas. En ellas se pide a los jueces que suspendieran los artículos de la ley de consultas catalanas que regulan el referéndum, y el decreto de convocatoria firmado por Artur Mas el pasado sábado en un acto solemne celebrado en el Palacio de la Generalitat.

PETICION DEL EJECUTIVO Además, reclamó que suspenda "las restantes actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la convocatoria de dicha consulta, así como cualquier actuación vinculada a la referida consulta". Y es que la Generalitat ya ha firmado tres convenios relacionados con la infraestructura del referéndum y esta semana estaba previsto que se constituyera en el Parlamento catalán la comisión de control.

Al filo de las dos de la tarde se supo que el presidente del alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, había convocado un pleno para esta misma tarde para admitir las demandas del Gobierno. La convocatoria oficial se hizo esperar otra hora. A las 18:45 comenzó la sesión del pleno que duró poco menos de una hora. Los jueces firmaron dos providencias, una para cada recurso. En ellas se acuerda admitir las demandas y suspender las normas cuestionadas y se da un plazo de 15 días al Gobierno, al Parlamento, al Congreso y al Senado para que presenten alegaciones a esta medida. También se explica que dicha suspensión tiene efectos desde ayer para el Gobierno catalán --la fecha en la que se presentaron los recursos-- y desde que se publique en el BOE para terceros. Además, en las providencias se explica a Mas que la suspensión alcanza a "cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en aplicación" de las ley y el decreto suspendidos.

Asimismo, los magistrados hicieron público un comunicado para responder a las críticas suscitadas por su rápida respuesta.

El pleno del alto tribunal explica que no podían "demorar su resolución" porque están en juego cuestiones de trascendencia "constitucional y política". También aclaran que su decisión se adopta tras comprobar que los recursos del Gobierno reúnen "las condiciones procesales de admisibilidad sin consideración alguna respecto al fondo de los mismos".

La medida del Constitucional se comunicó "inmediatamente" al Presidente de la Generalitat y al Parlamento por vía telemática y también se les hará llegar por correo ordinario. Esta suspensión durará un máximo de cinco meses. Si antes de este plazo no se ha dictado sentencia, el TC deberá dictar un auto en el que confirme o levante la suspensión.

La decisión del alto tribunal, a pesar de ser la crónica de una suspensión anunciada, cayó como un jarro de agua fría en Cataluña. Más criticó "la hostilidad" del Gobierno de Rajoy e ironizó sobre la "velocidad supersónica" del alto tribunal en suspender el 9-N. grupos independentistas convocaron protestas contra el TC.