Como si fuera una suerte de edicto consensuado pero nunca escrito, en los pasillos de los tribunales argentinos suele decirse que "con la Chuchi no se jode juega, en la jerga local". María Romilda Servini de Cubría es respetada o temida. No se la puede tomar a la ligera, aunque la jueza está a punto de cumplir 80 años. Su firma aparece en numerosas sentencias resonantes, pero nada le ha dado tanto renombre internacional como la decisión que adoptó en septiembre del 2013, cuando se consideró en condiciones de investigar los crímenes del franquismo.

"Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso, la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal", explicó tras cerrarse la vía judicial iniciada por Baltasar Garzón en España. Desde entonces ha cruzado el charco varias veces para escuchar los testimonios de familiares como Ascensión Mendieta, que recuperó los huesos de su padre después de que Servini exigiera que se abriera una fosa en Guadalajara.

El año pasado, en uno de esos viajes, una empleada de Barajas le ordenó que pasara los 5.000 euros que llevaba en un cinturón a través del escáner de control. El dinero se esfumó. Le ofrecieron 900 euros como resarcimiento. No sabían con quién se estaban metiendo. Chuchi denunció y, ¡zas!, horas más tarde, el dinero "reapareció" dentro del cinturón. La jueza insinuó que "el robo podía tener que ver con su investigación por los crímenes durante el franquismo".

Eso no hizo achantar a Chuchi, que el 22 de marzo reclamó interrogar a los 19 acusados por crímenes durante la dictadura franquista, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. El Mi-