Pocas veces una resolución judicial aúna a acusaciones y defensas, al tener intereses diametralmente opuestos. El auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dio por concluida la instrucción del caso Kitchen, relativo al espionaje al que se sometió al extesorero del PP Luis Bárcenas para intervenirle la información comprometedora para el partido que guardaba, tiene el dudoso honor de haberlo conseguido. De una forma u otra todos propugnan en sus recursos ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso este diario, que la investigación se extienda al que a todas luces se presenta como el principal beneficiario del dispositivo parapolicial ilegal: el Partido Popular.
El magistrado situó el "vertice" de la Kitchen en el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y propuso juzgarle junto a otras 10 personas, como su número dos, el que era su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En cambio levantaba la imputación que pesaba sobre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, extremo que piden que sea revocado por todas las acusaciones, que ven indicios suficientes contra ellos para sentarles en el banquillo.
Anticorrupción, que pide que se impute a quien era director general de la Policía Ignacio Cosidó y se investiguen los teléfonos que el principal imputado en el caso, José Manuel Villarejo, dijo haber utilizado para informar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, afirma en su recurso que el juez "quiere artificialmente delimitar" la causa "al ámbito al ministerio" como si "se hubiese establecido un cordón o una inexistente línea roja" para dejar al margen al PP y a sus dirigentes.
El Gal
La acusación que ejerce Podemos va más allá y en su recurso, que tacha de "extravagante", "irracional" y "sorpresivo" el cierre de la investigación cuando aún hay diligencias por practicar, se remonta a "los GAL" para afirmar que "pudiera parecer que el juez instructor quiere circunscribir a Interior este tipo de acciones ilícitas en las que se usa del aparato policial para la realización de acciones con un claro componente político, lo que no parece admisible en un estado de derecho ya más asentado como es el nuestro y sobre una causa en la que obran pruebas e indicios que señalan de manera a directa a otros responsables políticos, en este caso más ligados con el aparato del PP".
El PSOE sostiene que "la justicia no puede investigarlo todo, pero entre eso, y ceñirse cicateramente a los años 2013 a 2015 y únicamente a la actividad desplegada desde Interior, hay un mundo". Añade que esta instrucción "es el espejo de cómo funciona a ojos de los ciudadanos la administración de justicia cuando se confronta a los poderosos", que quedan fuera.
Por su parte, las defensas también se explayan en este punto, aunque por haber sido ellos acusados y no otros. Fernández Díaz, por ejemplo, señala que no fue él quien resultaba beneficiado del robo de documentos a Bárcenas.
