Choque entre Interior y el PP por la corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil

El caso de la corrupción en las obras de los cuarteles de la Guardia Civil ya es un campo de batalla enconada entre el Gobierno y el PP, un frente de una liza más amplia, cuya extensión alcanza a la Guardia Civil en otros dos puntos de confrontación: la dimisión de la directora María Gámez y la sentencia contra el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

Encendiendo de nuevo la ira del Partido Popular, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha secundado este jueves la línea de acusación al anterior gobierno del PP de obstrucción a la Justicia y ocultamiento de corrupción que ya recorrió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esta misma semana, en la misma sala Constitucional del Congreso y ante la misma Comisión de Interior de la Cámara Baja.

Para el número 2 de Interior, en el caso de los delitos cometidos en la concesión y ejecución de obras en casas-cuarteles de la Guardia Civil -destapado por este diario y otros de Prensa Ibérica- "la cadena jerárquica se quebró por el punto más debil: la dirección. Por eso es tan grave".

Según su relato, fue la cúpula que entonces mandaba el instituto armado la que paró a los agentes de Asuntos Internos, cuyo fuero interno ha recordado el secretario de Estado.

Relatando la cronología de hechos del caso que ya ha contado este diario, Pérez ha recordado cómo "de forma ciertamente sorprendente" se permitió al teniente general Pedro Vázquez Jarava contestar a un borrador de informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil que estaba investigando adjudicaciones suyas y que acabó no siendo remitido a la Fiscalía.

Y ha recordado también cómo aquello llevó a que el director general del Cuerpo, entonces José Manuel Holgado, hombre de confianza del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, emitiese el 27 de diciembre de 2017 una resolución según la cual "no existen en las actuaciones informadas acciones dolosas o penadas por la Ley", por lo que "se ordena el archivo del expediente incoado por el Servicio de Asuntos Internos y el cese de actuaciones".

En aquella resolución, como en el informe de Asuntos Internos, figuraba el nombre del constructor lanzaroteño Angel Ramón 'Mon' Tejera de León, uno de los principales beneficiarios del parón en la investigación y cuyas empresas, casi todas sin registro oficial para contratar con la Administración, no solo lo hicieron, sino "a veces facturando por partida doble", ha recordado Pérez.

"Con el Gobierno del Partido Popular, las investigaciones se cierran y se impide su envío a órganos judiciales", ha reprochado directamente el secretario de Estado, quien, sin verbalizarlo, ha insinuado en una de sus respuestas a los intervinientes que no estaría de acuerdo en que la causa de los cuarteles, por su dispersión geográfica, acabe en la Audiencia Nacional.

Gámez y De los Cobos

Se ha celebrado esta sesión de la Comisión de Interior del Congreso en ausencia de la directora general de la Guardia Civil que conoció la investigación del caso de los cuarteles. Pero la de la dimisionaria María Gámez ha sido una ausencia física, no argumental. Su nombre ha estado más que presente, de hecho, porque interesaba más a los partidos de la derecha, llegando a ladearse por momentos en la sesión el asunto de la investigación en los cuarteles, que era el motivo oficial por el que el secretario de Estado pidió comparecer.

La dimisión de Gámez "ha supuesto y debe suponer un ejemplo para todos, que no debe ser manchado por ninguna falsedad disfrazada de tinta", ha proclamado Rafael Pérez. "No fue un cese: ella misma presentó su dimisión", ha insistido.

Tanto Vox como el PP han tildado la comparecencia de "tapadera de la corrupción del PSOE". Pero la imprecación del PP ha sido mucho más sonora y amplia: "esperpento" y "comisión de investigación encubierta". Aunque el diputado popular Eloy Suárez Lamata ha hablado de la corrupción en las obras de los cuarteles para argumentar, más que nada, que hace dos días, el ministro Marlaska utilizó el caso "para vomitar contra el Partido Popular".

Para el PP es más importante "la persecución" del Gobierno contra el coronel Pérez de los Cobos, sobre cuyo cese ha ido trascendiendo estos días el contenido de una sentencia del Tribunal Supremo, y la dimisión en la cúpula de la Guardia Civil., el hecho al que Vox llama "caso Gámez".

Sobre lo primero ha reprochado Suárez Lamata: "Catorce veces le negaron ustedes el ascenso a general. Díganme si eso no es una persecución".

Y sobre lo segundo -tras subrayar que "el marido de la señora Gámez no era un socialista cualquiera" y citar la sombra del factotum del PSOE en Andalucía, Gaspar Zarrías-, el diputado popular ha hecho un paralelismo irónico: "Mientras el teniente coronel Gayoso (Jesús, jefe del GAR de la Guardia Civil fallecido por coronavirus en la primera fase de la pandemia) se jugaba la vida contra el covid, la directora general se jugaba la vida yendo a inscribir en el registro otro piso".

Pérez ha repetido que los motivos para cesar a Pérez de los Cobos "se mantienen", a la vez que asegura que se acatará la sentencia del Supremo en "términos razonables". El secretario de Estado ha recordado que uno de los promotores de la denuncia contra el Gobierno por la manifestación del 8-M -el caso con el que Pérez de los Cobos perdió la confianza de Interior- "está a punto de entrar en prisión". También ha negado: "a Pérez de los Cobos no se le ha impedido ascender en 14 ocasiones; se le ha evaluado en tres".

Contrapesos

Enrique Santiago, portavoz de Unidas Podemos en la comisión, ha pedido un sistema civil de mando y de sindicatos civiles en el instituto armado, que garantice "un sistema de contrapesos" que proporcione protección a los denunciantes de corrupción interna. y ha exigido que "que no ocurra nunca más que el teniente general detenido y retirado siguiera teniendo un coche oficial, viviendo en un piso de la Guardia Civil y con un chófer que es un guardia civil".

María Carvalho, portavoz de Esquerra Republicana, ha deplorado que no se haya constituido una comisión de investigación por este caso y el de Mediador. "Nos han hurtado la comparecencia del teniente general Jarava, del general Espinosa, del coronel Tienda (cesado en Tenerife) y del teniente coronel Alonso (procesado en Ávila)", se ha quejado.

Tanto Carvalho como el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Miguel Ángel Gutiérrez, han preguntado al secretario de Estado si Interior se va a personar en el caso como parte de la acusación. Pérez les ha señalado que la Abogacía del Estado está personada en el caso.