Jueces y fiscales también irán a la huelga desde el 16 de mayo en demanda de un mayor salario

La justicia parada en demanda de mejoras retributivas. Es lo que parece que ocurrirá a partir del 16 de mayo, cuando jueces y fiscales se sumen a los funcionarios en un paro indefinido que ha sido anunciado a primera hora de este lunes en un comunicado conjunto por las siete asociaciones profesionales que representan a ambos colectivos.

Las consecuencias de esta huelga se sumarán a la situación ya precaria que se arrastra tras la protesta de dos meses que protagonizaron los letrados de la administración de justicia, y que ha obligado a realizar incluso planes específicos en colaboración con los colegios de abogados para sacar adelante el trabajo pendiente.

El único matiz en la unidad entre las asociaciones, que representan a distintas sensibilidades en la carrera judicial y fiscal, es que las más cercanas al Gobierno Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales señalan que debe esperarse a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo, sin renunciar en todo caso a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado.

En fuentes de este entorno se destaca a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que llama la atención que la convocatoria se produzca precisamente en campaña electoral y que no se concreten las aspiraciones salariales concretas, por lo que creen necesario esperar a la respuesta de las Administraciones.

Esta posibilidad no es tenida en cuenta sin embargo por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ni por el segundo colectivo en número de integranres, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que junto al Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales son las que anuncian los paros con carácter indefinido a partir del 16 de mayo de forma contundente.

Voluntad negociadora del Ministerio

En respuesta a esta convocatoria, fuentes del Ministerio de Justicia señalan a este diario que desde el departamento a cargo de Pilar Llop se continúa con la misma voluntad negociadora que ha tenido siempre, con la mirada puesta en todo momento en el servicio público. De hecho, la mesa de retribuciones ya está convocada ya para el 3 de mayo, recuerdan, para añadir que la negociación tiene que estar presidida por la buena fe de las dos partes, lo que casa mal con las medidas de presión anunciadas por algunas las asociaciones judiciales y fiscales. 

"El Ministerio de Justicia está trabajando sin descanso para mejorar el servicio público de Justicia, colocándolo en el siglo XXI y con la ciudadanía en el centro, por cuyos intereses vela en todo momento", añaden las mismas fuentes, para recordar las tres leyes de eficiencia se encuentran en una fase muy avanzada de tramitación parlamentaria. Rogamos a las asociaciones que se hagan cargo de sus propias reivindicaciones y apoyen la aprobación de estas leyes.

Por su parte, el comité de huelga de los funcionarios de Justicia y el Ministerio reanudan este lunes las negociaciones tras los "tímidos avances" alcanzados en la reunión del pasado jueves, cuando se sentaron a la mesa por primera vez para intentar desbloquear el conflicto laboral. Estos trabajadores buscan una subida salarial "en línea" con la de los Letrados de la Administración (LAJ) --de hasta 450 euros al mes-- y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que, según denuncian, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

En el caso de los letrados, la huelga que mantuvieron durante dos meses desde el pasado 24 de enero concluyó tras el acuerdo con Justicia pero dejó un balance de más de 400.000 vistas suspendidas y 480.000 demandas sin repartir.

A esta situación se han unido los paros diarios entre las 10 y las 13 horas por parte de los funcionarios que ha provocado la suspensión, según los datos de este colectivo, de decenas de miles de juicios, entre ellos algunos de impacto mediático como el que se venía celebrando contra el expresidente de la generalitat valenciana Francisco Campspor irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

Demandas de los jueces y fiscales

A juicio de jueces y fiscales, los Presupuestos Generales del Estado en el ámbito de la justicia son insuficientes, a lo que añaden que "en la administración general del Estado la administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad".

Por lo que se refiere a sus retribuciones, ambos colectivos recuerdan de forma conjunta en su nota que dan un paso adelante "ante el decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes". En octubre de 2022, y tras meses de conversaciones, el Ministerio de Justicia desconvocó sin explicaciones la llamada Mesa de Retribuciones, que es el órgano legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal, apenas unos días después de haberla convocado formalmente.

Las organizaciones que la firman coinciden en señalar que que la "actitud prudente, callada y responsable" que han mantenido desde hace más de una año no ha dado fruto alguno" sin que ni siquiera se les permitiera hablar directamente con el Ministerio de Hacienda. Todo ello se produce, además, en "un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos".

Otro colectivo que se moviliza es el de abogados de oficio, que se concentrarán el próximo jueves frente al Congreso de los Diputados. Además de una remuneración por su trabajo "digna y suficiente", reclaman su derecho a que se les abonen todas las actuaciones y trabajos realizados, incluida la defensa de personas jurídicas, algo que no tiene lugar al no estar previsto en la ley. Otras reclamaciones de este grupo pasan por el reconocimiento a la conciliación o el derecho a la desconexión digital.