La Fiscalía señala a García Castellón por forzar la investigación de Puigdemont sin pruebas suficientes

La Fiscalía de la Audiencia Nacional señala al juez que investiga el caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, por forzar sin pruebas suficientes la investigación por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, según se desprende del recurso que interpuso el 9 de noviembre el fiscal Miguel Ángel Carballo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

"Pese a formalizar tal imputación el instructor no acuerda cursar suplicatorio dada su condición de parlamentario europeo", indica Carballo, que considera que esta "inacción revela la intangibilidad de la imputación recurrida, dados los argumentos expuestos para ello".

Recuerda el fiscal en este sentido que el propio magistrado reconoce en su resolución que en este momento "no es procedente llevar a cabo actuaciones porque es necesario completar con mayor precisión su participación en los hechos”.

"Sorprendente"

El Ministerio Público, además, considera "sorprendente" qué tras cuatro años de investigación García Castellón asegure ahora que las pesquisas se encuentren todavía en una fase inicial, "y sin que, sin embargo, acuerde ninguna diligencia que pueda profundizar" en la participación de Puigdemont en los hechos.

Por el contrario, la finalidad de las diligencias que ya ha reclamado el juez para el resto de investigados, continúa Carballo, viene encaminada a acreditar los hechos como terrorismo, algo que descarta este fiscal, que sostiene que Tsunami Democràtic no es un grupo ni una organización "sino simplemente un perfil en las redes y postreramente una APP o aplicación informática para teléfonos móviles".

El Ministerio Fiscal también censura que el juez considere "evidente que existiese una estructura asociativa completa compuesta por numerosas personas coordinadas”. Y para probar esta conclusión, la única prueba que ofrece el informe policial, dice Carballo, son "las propias manifestaciones que se recogían en el propio perfil de Twitter en donde, ciertamente, alguno de los investigados se vanagloriaba de tener una sofisticada estructura pero de la que no se ha acreditado ninguno de los elementos de su existencia".

"Sin recoger dato alguno"

Por esta forma de actuar, el fiscal critica las conclusiones de García Castellón y advierte de que "no cabe aceptar en Derecho penal que algo tiene que ser 'necesariamente' así sin recoger dato alguno acerca de qué 'vastos recursos materiales y económicos habrían sido necesarios' para desplegar una dirección de Twitter o una aplicación informática ni tampoco se describen las connivencias citadas".

Otro ejemplo de la forma de actuar del instructor es, prosigue la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la "inverosímil" atribución a los investigados del fallecimiento de una persona el día 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto del Prat de Barcelona: "Ninguna de estas diligencias, en ningún caso podrían llevar a la acreditación de los requisitos de dichas infracciones, es decir, de la existencia de un grupo o de una organización criminal de carácter terrorista", concluye.

En relación con la financiación, el recurso también resalta que García Castellón pide la imputación de dos personas pese a que no les dedica en el auto "ni un párrafo". Además, al examinar diversas cuentas bancarias tampoco se ha acreditado "ningún acto de financiación de la plataforma".

"Falta de motivación"

También afea la Fiscalía la "total falta de motivación" que supone imputar a varias personas remitiéndose únicamente a los informes policiales, algo que puede generar "indefensión", reprocha Carballo, que explica que recurre directamente el auto del instructor ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al constatar que el juez no esperó "el plazo conferido" para entregar el informe final de la Policía Judicial a las partes.

Finalmente, el representante de la Fiscalía informa a la Sala, con respecto a la propuesta de García Castellón de que Puigdemont declare de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, de que es "cuanto menos ingenuo que a una persona prófuga de la Justicia [...] se le ofrezca la posibilidad de comparecer voluntariamente ante este Tribunal”.