¿Cómo se renueva el Consejo General del Poder Judicial?

La Constitución española prevé que el Consejo General Poder Judicial se renueve cada cinco años. Lo forman 20 vocales, de los que 12 son jueces y ocho, juristas de reconocido prestigio, que son designados por una mayoría reforzada, para la que es imprescindible el apoyo de la menos tres quintas partes de la Cortes. Ello obliga a que el PP y el PSOE alcancen un acuerdo para su designación que ha sido imposible en los últimos cinco años.

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El Poder Judicial como tal es el que ejercen los más de 5.600 jueces que hay en España, cada uno en su juzgado o tribunal, al actuar con independencia al aplicar la ley para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El problema es que su órgano de gobierno, del que depende su formación, sus permisos, el régimen disciplinario y los nombramientos de la cúpula judicial, lleva cinco años sin ser renovado, sobre todo, por la falta de voluntad del PP, que ha esgrimido como excusa para no hacerlo las elecciones en Andalucía o en Catalunya, los indultos del 'procés' y hasta la derogación del delito de sedición.

¿Por qué puede frenar el PP la renovación del CGPJ? Porque los 20 vocales que componen el Consejo son elegidos por las Cortes. El Congreso elige a seis de los jueces que presentaron su candidatura en 2018, y el Senado a los otros seis. Los otros ocho vocales son elegidos con la misma proporción, pero a propuesta directa de los partidos. El presidente del Consejo remite una carta a los presidentes de ambas Cámaras para que inicien los trámites oportunos para proceder a la designación que les corresponder; el que era su presidente hasta octubre de 2022, Carlos Lesmes, las envió varias veces sin éxito alguno.

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Que la lista sobre la que pueden elegir el Congreso y el Senado a los miembros del Consejo de extracción judicial sea de 2018 supone que las últimas promociones de jueces no hayan podido concurrir y que los candidatos de entonces hayan podido cambiar de criterio, jubilarse y hasta fallecer en los cinco años transcurridos desde que se preparó la candidatura. De hecho, seis de ellos se han dirigido a Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar sus derechos. Su último movimiento ha sido acudir al Constitucional para que se ejecute la sentencia europea.

La Constitución previó que la renovación se hiciera por mayoría de tres quintos para que fuera necesario el acuerdo entre las principales fuerzas políticas, como una forma de garantía para que los elegidos fueran los mejores entre los que se presentaban. En estos cinco años el pacto ha estado próximo, pero nunca lo ha estado tanto como en 2018, cuando PP y PSOE pactaron los nombres de los 20 vocales y que luego, en su primer pleno, estos eligieran como presidente del Poder Judicial al actual presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena.

Marchena renunció para siempre a esta posiblidad cuando se filtró un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignació Cosidó, diciendo que con él el partido controlaría la "Sala Segunda por detrás". Desde entonces todos los intentos de renovación se han frustrado. La posición actual del PP es que no renovará con la ley actual, porque deben ser los jueces los que elijan a los vocales de extracción judicial, una opción que el Gobierno de Mariano Rajoy desechó durante la última legislatura que gobernó con mayoría absoluta.