La pelota está en el tejado de la consejera". Esa era ayer la consigna más repetida entre los responsables de los sindicatos de educación extremeños tras mantener una reunión en la que valoraron la repercusión del paro que protagonizaron el pasado miércoles "en defensa de la enseñanza pública". En la misma, han decidido emplazar a la Administración educativa a citarles a una reunión, tras la cual se encontrarán de nuevo en una semana para decidir --una vez celebrado o no el encuentro y en función de su hipotético resultado-- un posible calendario de movilizaciones.
Antes, a primera hora de la mañana, la responsable de la Consejería de Educación, Eva María Pérez, ya había anunciado que la convocatoria de una reunión con los sindicatos, en la que anunció que también estará presente la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Freapa), era "inminente", aunque no confirmó su fecha, informa Efe. Según ella, "desde la consejería existe un espíritu de diálogo y entendimiento permanente que siempre ha estado encima de la mesa".
Sin embargo, los sindicatos reiteraron en una nota la "falta de comunicación" con la consejería, que ejemplificaron en las declaraciones de Pérez "minimizando los motivos de la protesta y tratando de desprestigiar a los representantes del profesorado". Ese déficit de contacto, denunciaron: "afecta directamente a la negociación colectiva".
Igualmente, mostraron su sorpresa al haberse enterado "por los medios de comunicación" de que la consejería "no cumplirá acuerdos firmados" por no revisar, "aplazándolos unilateralmente" temas pendientes de dichos acuerdos, como la dotación de personal a los centros. Para ellos, el paro del miércoles ha tenido una respuesta "significativa" entre los docentes, que consideran "pone de manifiesto el descontento existente por las actuaciones de la Consejería de Educación en relación con las condiciones laborales y profesionales del profesorado".
Ante este panorama, piden una reunión "en un plazo breve" para revisar esos acuerdos pendientes, fijar el calendario y los ámbitos para tratar los cambios en la red de centros (incluidas las fusiones) y negociar un acuerdo laboral que tenga en cuenta la futura ley de educación.
MINIMO PERJUICIO No obstante, los sindicatos destacan que han intentando causar "el mínimo perjuicio" a la prestación del servicio público educativo y, muy especialmente, que no han tenido "intención de perjudicar los procesos de evaluación pendientes". Sin embargo, la opción de convocar una huelga en el último mes de curso queda en el aire, puesto que mientras desde unos sindicatos se afirma que no se descarta ninguna medida, otros apuntan que esta en concreto no es viable.
Por ejemplo, ANPE aboga por continuar con las movilizaciones, instando a normalizar el final de curso pero abriendo la posibilidad de retrasar el inicio del siguiente, según explica su secretario de Acción Sindical, Saturnino Acosta, que en cualquier caso muestra su disposición a "respetar la decisión de la mayoría". Ese espíritu conciliador lo comparte Adrián Vivas, presidente de Enseñanza de CSI-F, que resalta que "los sindicatos no tenemos ningún deseo de paralizar la educación, ni crear conflictos", si bien advierte que no van a "permitir que no se oiga la voz de los profesores y se cambien sus condiciones laborales".
"Lo importante es que la consejera se reúna con nosotros y, a partir de ahí, decidiremos", espeta Antonio Rosado, responsable de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO. Ahí queda esa pelota.
